Lima, DPA
La Justicia del Perú condenó hoy en primera instancia a seis años de cárcel al ex presidente Alberto Fujimori, por peculado doloso, cohecho activo genérico y violación de las comunicaciones, delitos derivados de tres casos de corrupción ocurridos en su gobierno (1990-2000).
Fujimori anunció de inmediato que interpondrá recurso de nulidad contra el fallo, que incluye además una inhabilitación de dos años para ocupar cargos públicos y el pago de una reparación de 24,6 millones de soles (unos 8,2 millones de dólares) en favor del Estado y de 107 000 soles (unos 35 000 dólares) para cada una de las 28 víctimas probadas del espionaje telefónico. La Fiscalía, que pedía ocho años de cárcel, también apelará.
El último de los juicios contra Fujimori terminó tras apenas dos días de audiencias, debido a que el ex mandatario aceptó los cargos formulados por la Fiscalía, lo que en la práctica implicaba una confesión que se premia con una reducción de la pena máxima.
Para los analistas, sin embargo, el acusado no se acogió a la figura por colaboración con la Justicia, sino para evitar que, con un juicio detallado la opinión pública se enterara de los entretelones de la corrupción en su régimen, lo que supuestamente impactaría en las pretensiones políticas de su hija Keiko, virtual candidata presidencial para 2011.
A Fujimori se le procesó esta vez por el montaje de una red que espió a personalidades de la política, el periodismo y otros campos, por los sobornos a parlamentarios de oposición para que apoyaran abierta o encubiertamente a la bancada oficialista y por la compra irregular, con dineros del Estado, de un canal de televisión por cable y la línea editorial del diario “Expreso”.
Como en los casos precedentes, Fujimori escuchó con calma la lectura del fallo, mientras tomaba apuntes en un cuaderno o permanecía por largos espacios con los ojos cerrados.
El tribunal estableció que, por este caso, estará preso hasta el 10 de febrero de 2013. Contra el ex presidente, de 71 años, hay una sentencia firme a seis años por un allanamiento ilegal, así como otras dos que están en evaluación en segunda instancia, una a 25 años por 25 asesinatos y dos secuestros, y otra a siete años y medio por el pago ilegal de una “indemnización” a su asesor Vladimiro Montesinos.
En el Perú las penas no son acumulables, por lo que el sentenciado sólo paga la mayor que se le imponga, lo que explica que la lucha de la defensa se haya concentrado en el caso de los 25 años.
El juicio finalizado hoy era el último que se le hará a Fujimori, al menos por el momento, pues ya fueron procesados todos los casos por los que Chile concedió su extradición.
Aunque el ex jefe de Estado es sospechoso en numerosos casos más de derechos humanos y corrupción, sólo se le podrá juzgar por ellos con consentimiento de Santiago, sin que hasta ahora se hayan iniciado gestiones en esa vía.
De esta forma, terminó la misión que le fue confiada al tribunal presidido por César San Martín e integrado por Víctor Prado Saldarriaga y Hugo Príncipe Trujillo.
“Hemos cumplido con nuestro deber”, dijo al final San Martín, quien anticipó que los magistrados no entrarán en debates “por más injustas y desproporcionadas” que puedan ser las críticas en su contra.
Aunque los tres jueces han sido acusados de parcialidad por los seguidores de Fujimori, sectores internos e internacionales han tenido permanentes elogios para ellos, por la forma eficaz y transparente con que manejaron los juicios, que empezaron a desarrollarse en diciembre de 2007.
Ahora la atención se centrará en lo que pueda decir el tribunal de segunda instancia, presidido por Duberlí Rodríguez Tineo.
Aún no hay fechas tentativas respecto a cuándo se conocerán esos fallos, pero se estima que no falta mucho.
Fujimori, levemente debilitado en su salud por cuadros de hipertensión y otras molestias, permanecerá entretanto en su celda en el cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, en donde está desde que fuera entregado por Chile en septiembre de 2007.