Militares ecuatorianos, en una incursión en la selva de Sucumbíos, en marzo del 2016. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO
La paz se oficializó el 26 de septiembre, en Colombia y Ecuador ya se alista para el posconflicto. El Gobierno de Rafael Correa avizora dos escenarios luego de 52 años de guerra en Colombia.
Por un lado, las autoridades locales, con base en procesos de desmovilización anteriores, calculan que un 30% de guerrilleros posiblemente no deje las armas y active grupos criminales, con repercusiones de seguridad en la frontera.
“La paz puede generar otra clase de problemas y nos estamos preparando para enfrentar ese escenario”, comentó el 26 de septiembre Correa, antes de viajar a Cartagena, ciudad donde se oficializó el final del conflicto.
¿Cuáles son esos eventuales problemas? El general Javier Pérez, jefe del comando de educación y doctrina de la Fuerza Terrestre, advierte que otras organizaciones armadas, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o los denominados grupos armados organizados, pueden ocupar los territorios que dejará la guerrilla y eso “posiblemente genere desplazamientos a nuestro país”.
En Putumayo y en Nariño, los dos departamentos colombianos que limitan con Ecuador, existe la mayor cantidad de cultivos ilícitos, según estudios levantados por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).
“Esta situación, indudablemente, atraerá a las organizaciones criminales”, asegura un agente asignado a tareas de inteligencia en Sucumbíos.
De hecho, guerrilleros hablaron con EL COMERCIO, durante la X Conferencia de las FARC desarrollada en los Llanos del Yarí, en la selva colombiana, aseguraron que eso puede ocurrir en poco tiempo.
Los subversivos comentaron que ya no “cobran el impuesto” a los narcotraficantes que llegan a comprar la hoja de coca. Y recalcaron que “nunca” se dedicaron a vender la cocaína.
¿Esto es así? Organizaciones no gubernamentales colombianas lo dudan. Bismarck Preciado, director de Cordeagropaz, una ONG que asiste a campesinos en actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas, pesqueras y forestales, reveló a este Diario que la guerrilla incluso entregaba “apoyo financiero” a los productores.
Sin embargo, históricamente, el agricultor ha sido el eslabón más débil en el proceso de producción de la cocaína. Por cada gramo de la hoja de coca, las organizaciones criminales apenas les pagan
1 500 pesos, unos USD 0,50.
Investigaciones policiales revelan que de 1 kilo de cocaína, los campesinos colombianos se quedan solamente con el 1% de las ganancias.
El 49% se reparte entre las redes de distribución local e internacional al por mayor, y al pago de servicios logísticos a favor de los grandes carteles.
El otro 50% de réditos se queda en manos de los microtraficantes, que operan en las calles de las grandes ciudades.
En medio de este panorama, oficiales de inteligencia señalan que el fin de la guerra con las FARC no acabará con el fenómeno del narcotráfico.
De hecho, los grupos armados organizados, conocidos hasta hace poco como bandas criminales (Bacrim), y que están integradas principalmente por exparamilitares, ven a Nariño -departamento fronterizo con Esmeraldas- como un puerto estratégico para controlar las rutas de droga hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa, por su ubicación en el océano Pacífico.
Ecuador reducirá el gasto
Pese a este panorama, el otro escenario que avizora el Gobierno ecuatoriano está relacionado con la reducción del gasto en la frontera norte.
El Primer Mandatario aseguró el 26 de septiembre que prevé bajar un 80% ese gasto. Actualmente, el Gobierno destina USD 120 millones al año en recursos humanos y financieros para controlar los 700 kilómetros que hay en todo el cordón fronterizo con Colombia, que se extiende desde Esmeraldas, cruza Carchi y llega a Sucumbíos.
El general Carlos Égüez, jefe del Estado Mayor del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, espera que los militares mantengan sus operaciones en la zona, pese a la disminución de presupuesto y el aumento de tareas no fundamentales.
Eso lo sostuvo durante un conversatorio realizado el viernes 26 en la Universidad de las FF.AA. (Espe), en Sangolquí. Allí se discutió sobre el proceso de paz en Colombia y los desafíos para la seguridad y defensa del Ecuador.
En este momento, en la frontera norte están desplegados entre 10 000 y 11 000 uniformados, según comentó ayer Correa, quien no precisó en qué tiempo se concretará la reducción del 80% del gasto actual.
