1 de agosto de 2019 00:00

Freddy Carrión: ‘No podría afirmar que en el país exista una rehabilitación’

Es lojano. Estudió en la Universidad Católica del Ecuador, donde obtuvo los títulos de licenciado en Ciencias Jurídicas. Foto: EL COMERCIO

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Redacción Seguridad

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¿Por qué no se ha logrado frenar la violencia en las cárceles del país?
El tema de los detenidos es muy complejo. Esto no es cuestión de girar una varita y solucionar los problemas. No hay una solución inmediata.

¿Ni con el estado de excepción vigente?
No se va a atender todas las demandas de las personas que están privadas de la libertad de la noche a la mañana. Estos son mecanismo o sistemas de gestión penitenciaria que tienen que haber sido adecuadamente llevados. En el 2014 se construyeron tres centros que tenían como fin solucionar el hacinamiento, que no era muy alto, pero que ya venía generando problemas. Sin embargo, resulta que estos centros se construyeron con problemas. Uno incluso tiene inconvenientes por el servicio de agua potable.

¿Ese fue solo uno de los problemas?

Por ahí comenzó todo. Luego apareció el tema de la alimentación. Todo eso ha ido generando y aumentando el nivel de inseguridad, de conflictividad y de violencia. Ahora, también hay que tener en cuenta el asunto del Código Penal, que elevó el número de los privados de libertad y fijó condenas más fuertes.

¿Qué hacer para frenar esta violencia extrema?

Creo que uno de los mecanismos para tratar de paliar la crisis del sistema penitenciario comienza por los temas de seguridad, pero adicionalmente se requiere una política de rehabilitación social. Que política podemos implementar si lo único que hacemos es meter gente a las cárceles. Pero no nos preocupamos de aquellos que van a salir en libertad y no vemos que tengan medios de vida que les permita tener espacios para que no vuelvan a reincidir.

¿La reincidencia pesa en el tema del hacinamiento?
La reincidencia genera una lógica perversa, que al final no descongestiona las cárceles. Por lo tanto, siempre seguirán ingresando personas sancionadas con nuevos delitos.

Ahora, ¿hay o no una verdadera rehabilitación?
No podría afirmar que en el país exista una rehabilitación, porque caso contrario no tendríamos problemas de hacinamiento, no tendríamos problemas de incremento anual de personas privadas de la libertad y tendríamos proyectos generados por los detenidos que sí serían una solución. Eso incluso podría ser un modelo de gestión y desarrollo productivo.

Pero la rehabilitación falla ¿porque los presos no tienen la intención de ir a los talleres o el Estado no ofrece alternativas?
Primero es por los internos. Vemos bandas delincuenciales que se quieren tomar el poder. Allí se ha visto a los Choneros, a los Cubanos queriendo apoderarse de los centros penitenciarios y desde el interior generan delincuencia, inseguridad y violencia hacia fuera. Ellos se han encargado de organizar la delincuencia. Desde las cárceles dictan y emiten órdenes para que se cometan tal o cual delito. Resulta un contrasentido, que sea el Estado el que pague la estadía de estas personas en las cárceles y que las cárceles se estén convirtiendo en centro de delincuencia.

Anteriormente, los Cubanos y los Choneros han tenido gente encarcelada, pero no había este brote de violencia extrema. ¿No se decía la verdad?
Puede haber muchas cosas. Puede ser que no se transparentaron todos estos hechos. Pero otro de los problemas era la corrupción existente.

Ahora, el Organismo Técnico de Rehabilitación Social tampoco se ha reunido permanentemente pese a la violencia.
Sí. En eso quiero llamar la atención nuevamente. Creo que la Defensoría del Pueblo y las instituciones que formamos parte del Organismo Técnico lo que queremos es contribuir. Pero se convocó el 26 de junio. Luego se dijo: les vamos a convocar en 15 días y no se lo hizo. Ahora, recibimos una convocatoria recién para el 7 de agosto.

Su trayectoria

Es lojano. Estudió en la Universidad Católica del Ecuador, donde obtuvo los títulos de licenciado en Ciencias Jurídicas. Posee dos diplomados superiores. Uno es en Derecho Constitucional, otorgado por la U. Andina Simón Bolívar. Otro lo obtuvo en España. Es Defensor del Pueblo desde el 16 de abril.

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