9 de September de 2009 00:00

Frecuencias: la cesión se indagará

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Redacción Política

La Fiscalía General iniciará una indagación previa para determinar las presuntas irregularidades en la asignación de frecuencias de radio y televisión, entre  1995 y 2008.

Según el comunicado que la institución emitió ayer, la investigación fue realizada con base en las notas de prensa publicadas en varios medios, relacionadas con el Informe de Auditoría de Concesiones de Frecuencias de Radio y Televisión, realizado por la Comisión Auditora.

A inicios de esta semana, el ex presidente de la comisión que se conformó en noviembre pasado, Guillermo Navarro, habló con este Diario sobre la necesidad de que los organismos competentes se pronuncien respecto de las irregularidades demostradas en su informe. Navarro sugirió que el Fiscal, el Contralor y el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) sean los que tomen acciones al respecto.

El estudio se presentó el 18 de mayo pasado y en más de tres meses ninguna autoridad se pronunció sobre el tema; es más, el contralor, Carlos Pólit, desestimó la auditoría realizada por Navarro.

En días pasados, Pólit señaló que únicamente la auditoría realizada por el organismo que él preside, que se desarrolló entre 2003 y 2005, era válida. 

Mientras, en el documento de 496 páginas, elaborado por la comisión auditora, consta la asignación ilegal de 236 frecuencias, a cargo de la Superintendencia de Telecomunicaciones y del extinguido Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (Conartel), entre mayo de 1995 y abril de 1997. Existen resoluciones inconstitucionales por transferencias de concesiones entre agosto de 1998 y julio de 1999.

En el informe se detalla  además cómo se aprobaron 133 resoluciones en el Conartel bajo el sistema devolución-concesión. Este se traduce a la venta de un medio con la frecuencia incluida, lo que está legalmente prohibido. Esto ha permitido la asignación de 195 frecuencias. La información determina que de las 1 637 concesiones, 276 mantienen contratos vencidos a diciembre de 2007, esto debido al otorgamiento de prórroga de plazos y renovaciones ilegales de concesiones.

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