Los fraudes dejan como secuela más deudas y bienes perdidos
Al local en donde funcionaba la empresa Publifast acudió personal de la Superintendencia de Compañías. Foto. Mario Faustos / EL COMERCIO
Una misma casa fue vendida hasta a cinco personas y un terreno tenía 20 dueños. Unos habían cancelado una parte de la deuda y otros cubrieron todo.
Al final no recibieron nada y los representantes de la constructora fueron detenidos en marzo del año pasado. Ayer, Gloria B. recordaba que solo para acceder a un cupo en la venta de la casa pagó USD 1 000.
Con la venta de caramelos no le alcanzaba y por eso pidió USD 6 000 al chulco. Además, quedó hipotecado un terreno de 80 metros. De hecho, la pérdida de bienes es una secuela más común cuando hay un fraude. Lo dicen los afectados.
Con Ximena S. ocurrió algo similar. Tiene 59 años y hace dos quebró la inmobiliaria a la que entregó USD 50 000.
Desde entonces, esta profesora jubilada, solo ha recibido la mitad del dinero. En ese entonces inició un proceso legal.
Era el segundo juicio que comenzaba por estafa, pues hace más de 20 años ya emprendió otro. Esa vez perdió 7 millones de sucres, también por un tema de inmobiliarias. No recuperó nada.
Recuerda que la Justicia sentenció a dos personas, pero cuando ordenó el pago del dinero a los perjudicados, los procesados habían vendido o traspasado sus propiedades.
Los efectos de las estafas volvieron a sentirse la semana pasada, cuando en Guayaquil estalló el caso de Publifast, la firma que atraía usuarios para difundir publicidad por la Red.
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Por invertir USD 448 ofrecían ganar 500 mensuales.
La gente prefiere no identificarse. ¿Por qué? No quiere que sus familiares sepan que fueron estafados o que los supuestos responsables tomen acciones en contra de ellos. “Yo le pedí que no se metiera en eso”, dijo Olga G. a su hijo de 22 años.
La ilusión que tenía el joven que estudia Ingeniería en Sistemas era que con ese dinero se pagaría sus estudios sin que la economía de su familia se vea afectada, pues el único ingreso era el de su padre que es taxista.
La mujer no sabe cómo pagará los USD 500 que su hijo pidió a su primo. “No tengo ese dinero”, comentó mientras buscaba al fiscal Miguel Vélez que está a cargo de este caso.
Asu lado, arrimada a la pared estaba otra mujer. Su hija, Thalie H., la tomó de la mano y le explicó lo que indicó el Fiscal: que se reúnan todos los del cantón El Triunfo (Guayas), para presentar una denuncia. Ella vive en esa jurisdicción.
“Cómo le devuelvo el dinero al chulquero, se preguntó. Su esposo es agricultor y no cuenta con los USD 2 000 que prestó, en febrero para invertir en la empresa Publifast. No sabe cuándo devolverá eso y se preocupa, porque los intereses son altos.Thalie H. prefiere no responder. “Me dejé guiar por mi hija y ahora estoy orando para que tengan misericordia”, dijo la madre de la joven.
Ellas son del cantón El Triunfo (Guayas) y junto con su mejor amiga decidieron invertir lo que no tenían. Ahora no saben qué hacer ni si recuperarán ese dinero. Ella tiene casi 40 años.
Corría de un lado para otro en los exteriores de la Fiscalía del Guayas. Sube a la oficina del Fiscal con la copia de su denuncia. Ella solo quiere recuperar sus USD 700. Dice que no le importa el dinero que debían darle.Su mirada recorre todo el salón, teme que uno de los de Publifast tome represalia con su familia. No dice mucho, pero en su denuncia expresa que dice todo; la muestra, la guarda y se une al grupo de afectados que hablan con el Fiscal.
Un informe de la Fiscalía General señala que el año pasado se registraron 43 denuncias de delitos utilizando medios informáticos. Hasta abril de este año se han reportado 41 casos. La provincia que más hechos registra es Guayas.
Sin embargo, en denuncias como las presentadas contra la inmobiliaria Unión Constructora hubo 6 672 reportes. Y el caso del Grupo 10 hubo más de 10 personas que se quejaron.
A Hernando E. le estafaron, pero no en inmobiliarias ni a través de plataformas digitales, sino que una mujer le prometió legalizar su taxi a cambio de USD 2 500, recuerda el joven.
Pero a los pocos meses de haber entregado el dinero se sumó a las protestas de otros 50 perjudicados. En octubre del año pasado, la Policía Judicial, armó un operativo en Quito.
Los agentes descubrieron que la mujer se hacía pasar por una supuesta asesora de una funcionaria de la Asamblea Nacional. Por las denuncias, determinaron que a unas 280 personas les ofreció puestos en una cooperativa de taxis que funciona en el Centro Histórico de Quito.
Él entregó todos sus ahorros, aunque los USD 2 500 era lo que menos le importa. Para lograr el cupo en la cooperativa de taxis, adquirió un auto nuevo en una concesionaria. Ese era el requisito que le exigían.
Ahora, el joven tiene una deuda de USD 14 000 que paga cada mes con lo que gana como taxista irregular. “Cuando uno es víctima de una estafa empieza un proceso legal que no termina nunca. A pesar de que haya detenidos o si hay sentencia hay que iniciar otro trámite para recuperar el dinero”.
