Francisco Hurtado es adjunto de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO
¿Por qué se llegó a un nivel de violencia como los vistos con Martha, Diana Carolina y otros?
Las cifras de violencia dan cuenta de una situación que ya venía sucediendo, pero que no estaba en la atención social. Hoy se llega a esa atención por el nivel de agresividad. Desde el 2014, cuando se tipificó el femicidio, estos casos han crecido. La violencia sexual creció.
¿Hay más casos u hoy se denuncia más?
Hay una mezcla y eso es importante. Uno podría preguntarse ¿cuántas mujeres no pueden denunciar la violencia sobre todo cuando la enfrentan familiarmente? De la encuesta del INEC se sabe que seis de cada 10 mujeres sufren violencia y mucha de esa violencia es cometida por personas de confianza de las víctimas.
Pero cuando se denuncia tampoco hay resultados. 24 680 casos se encuentran en indagación previa y no avanzan.
La impunidad es muy grave. La responsabilidad por los delitos contra las mujeres ahora es del Estado. Cada vez que un femicidio, que una violación u otro delito quede en la impunidad, significa que el Estado no ha cumplido con su deber de tutela judicial efectiva. Las mujeres no encuentran justicia, sus casos quedan impunes, los agresores están libres. Hay gente que comete delitos y ya tenía antecedentes de violencia contra otras mujeres. Entonces el Estado se está volviendo responsable por una falta de protección a las mujeres.
La Fiscalía dice que sus investigadores no alcanzan a ver los casos.
Ahí ahí hay una responsabilidad. El lunes, la Asamblea convocó a una comparecencia a todas las instituciones del Sistema Integral de Prevención y Erradicación de la Violencia. La intención fue saber qué se ha hecho a un año de aprobar la Ley en esta materia.
¿Qué se ha hecho?
Tener una Ley es un avance, pero el siguiente paso importante es dotar de recursos económicos para prevenir y erradicar la violencia.
¿Han recibido esos recursos económicos?
Los integrantes del Sistema Integral presentamos presupuestos para el 2019. Como Defensoría del Pueblo lo presentamos y nos recortaron USD 1,5 millones. Nos dieron nuevas competencias vía Ley, pero tenemos menos recursos.
¿Cómo ejecutar esas competencias con menor recursos?
Hay competencias que sí podemos cumplir, pero hay una muy específica: conformar equipos especializados, es decir, tener gente que se haya capacitado en temas de atención de violencia a mujeres. Nosotros habíamos pedido esto y no ha sucedido. Por eso, en la Asamblea Nacional dijimos claramente que este no es un tema de que las instituciones vean cómo hacer las cosas. La Ley dice que es prioridad del Estado combatir este tipo de violencia. La Ley dice que deberá haber una asignación específica para estos temas. El Sistema Integral debe tener un presupuesto específico y estable, pero eso no hay.
¿Qué hacer entonces?
Con las competencias que tiene el Sistema Integral y con los recursos que puedan tener sus integrantes se puede garantizar el inicio de una transformación en los patrones culturales.