Uno de los 10 radares colocados en la vía a Papallacta controla la velocidad en una de las curvas más peligrosas. Foto: Glenda Giacometti / EL COMERCIO
En la vía a Papallacta operan 10 fotorradares y no se puede circular a más de 60 kilómetros por hora.
Los dispositivos fueron colocados en la primera semana de septiembre, para controlar el exceso de velocidad vehicular, luego del grave accidente de un bus de pasajeros (el 14 de agosto), que causó la muerte de 23 personas.
Otros 16 aparatos están en la Alóag-Santo Domingo y 4 más en la Cuenca-Molleturo.
Los 30 equipos son parte de un total de 100 fotorradares, que son reubicados en los sitios de mayor siniestralidad (llamados ‘puntos negros’) de las vías estatales, explicó Luis Valenzuela, director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE).
El funcionario explicó que se decidió optimizar el uso de los 615 radares con los que se cuenta actualmente, hasta concretar la adquisición de los nuevos 500 dispositivos.
Esa reubicación constituye la primera etapa del plan para reducir la cantidad de accidentes de tránsito en las carreteras por exceso de velocidad, que es la segunda causa por la que se dan los siniestros.
Hasta agosto de este año se registraron 16 746 accidentes, detallan las estadísticas de la Agencia Nacional de Tránsito.
En una segunda fase está la contratación de más equipos, un pedido realizado por el presidente Lenín Moreno, tras el siniestro de Papallacta.
Las autoridades debaten el mecanismo que emplearán para la compra; es decir, si lo hacen a través de una alianza público-privada, como informó inicialmente el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, o por otra vía. Valenzuela informó que esta semana se tiene previsto tomar esa decisión.
Para la instalación de los 70 faltantes de la primera fase se analiza dónde están los puntos de mayor accidentalidad de las otras vías principales.
Valenzuela indicó que estos 100 fotorradares son sancionadores, es decir, toman las fotos a los vehículos y se emiten las multas a los conductores infractores.
En la actualidad, la red vial estatal de 9 600 kilómetros está controlada con 615 dispositivos, de los cuales 550 son sancionadores y 65 son informativos. Estos últimos solo tienen la función de disuadir al conductor para que reduzca la velocidad, es decir, no hay ninguna sanción o multa.
Todos esos 65 están en buenas condiciones, sin embargo, en el grupo de los 550 hay 124 dañados, incompletos, golpeados e incluso baleados.
Estos casos se detectaron en la Panamericana Sur y en la vía Santo Domingo de los Tsáchilas. En la primera, uno de los ocho radares no sirve. El dispositivo electrónico está apagado y el flash tampoco emite ninguna luz. Eso impide registrar el exceso de velocidad al descender de Cotopaxi hacia el puente Jambelí, en el sur de Pichincha.
En Cotopaxi, la información aparece a medias en las pantallas LED de los equipos ubicados en los sectores del Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi o Piedra Colorada, en Poaló y en Panzaleo (Salcedo). Los aparatos fueron ubicados en febrero por altos índices de accidentes de tránsito.
En Santo Domingo, de los 30 dispositivos colocados en el 2014 funcionan 25.
Valenzuela indica que buena parte de los equipos está en mal estado, porque fueron destrozados por vándalos.
Los dispositivos están en proceso de refacción, a cargo de la empresa aseguradora.
En los primeros ocho meses de este año, el sistema de fotorradares emitió 124 883 citaciones por ir a exceso de velocidad. Es un aumento del 215,25% en relación con el mismo período del año pasado, cuando hubo 40 121 citaciones, indican las cifras de la CTE.
Las multas se impusieron a 90 516 conductores, entre enero y agosto, lo que quiere decir que hay infractores reincidentes, comenta Valenzuela. En todo el año pasado hubo 58 744 choferes sancionados.
Los excesos de velocidad se registran más en las vías de la Costa por ser rectas.
En contexto
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas proyecta invertir USD 54,9 millones en la compra de 500 fotorradares, para cubrir la red vial estatal de 9 600 kilómetros. El proceso para la contratación y el mantenimiento de todo el sistema está en debate.