No es una historia muy lejana. Hace poco cumplió nueve años y tres meses.
Quizás el olvido sea cuestión de conveniencia. Pero las personas que hace una década estaban convencidas de que una democracia significa la separación e independencia de funciones deben recordar que el 20 de abril del 2005 se cayó un gobierno por haber interferido en el Poder Judicial, nombrando a la ‘Pichi’ Corte y haber traído a tres exmandatarios que estaban en el exilio, entre ellos el siempre polémico Abdalá Bucaram.
Es bueno recordar que la rebelión de los forajidos, que acabó con la presidencia de Lucio Gutiérrez, se volcó a las calles porque él forjó un acuerdo parlamentario para meter las manos en la Justicia.
Las interrupciones democráticas nunca son buenas y se las debe rechazar. Pero es válido apuntar que muchas de las personas que salieron entonces a las calles (Virgilio Hernández, Paco Velasco, Diego Guzmán, Gustavo Jalkh…) están hoy en un gobierno que persistentemente es señalado por prácticas similares a las de Gutiérrez o de León Febres Cordero.
La reciente publicación del jurista peruano Luis Pásara, auspiciada por tres organizaciones extranjeras, vuelve a prender las alertas: el Poder Ejecutivo interfiere en el Judicial, porque las reformas que se aprobaron vía consulta popular, en mayo del 2011, así lo permitieron.
Esta conclusión, sin embargo, ha generado el efecto de siempre: descalificar al que cuestiona y adornar con eufemismos lo que hace 10 años levantó a una sociedad que pedía más democracia.
En el 2005, la veeduría internacional dio forma a una Corte Suprema de Justicia reconocida, pero que fue disminuida con la tómbola de Montecristi. Esa vigilancia internacional, que legitimó a los forajidos, ahora es descalificada por varios de ellos.
La independencia de la Justicia es un debate demasiado serio como hacernos los locos y conformarnos con el estribillo de moda: “¡es que hoy tenemos lindascarreteras!”.