25 de noviembre de 2018 00:00

Fondos ilícitos en campañas electorales van a debate

El jueves pasado, los cinco nuevos integrantes del Pleno CNE hablaron de endurecer el control sobre la legalidad de los fondos de las campañas. Foto: cortesía CNE.

El jueves pasado, los cinco nuevos integrantes del Pleno CNE hablaron de endurecer el control sobre la legalidad de los fondos de las campañas. Foto: cortesía CNE.

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Mario Alexis González
Redactor
politica@elcomercio.com (I)

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Enero del 2016. Las entonces autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) dieron 90 días para que las organizaciones políticas transparentaran sus cuentas en sus páginas web. Casi tres años después eso no ha sucedido. La propia entidad no ha hecho públicas las cuentas de los partidos y movimientos y el origen del dinero, por ejemplo, para las campañas electorales.

Hay dos vertientes de financiamiento para los actos proselitistas. El público, cuyos fondos no entran a las arcas de las organizaciones sino que el CNE contrata directamente con los proveedores. Y el privado, que se utiliza para objetos promocionales, concentraciones y cierres de campaña.

Según la norma, los partidos y movimientos tienen 90 días luego de cada elección para entregar al CNE las cuentas sobre el segundo ítem. Se deben analizar tres elementos: el monto del gasto, su origen y su destino. El objetivo es determinar que el dinero sea legal y que las organizaciones no hayan excedido el límite de gasto que se establece previamente.

Con la información en sus manos, la autoridad electoral debe cruzarla con la que se levantó con el monitoreo que hace su departamento de fiscalización. Además, se la compara con las bases de datos de otras instituciones públicas como el Servicio de Contratación Pública, la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), el Servicio de Rentas, entre otras, mediante convenios previos.

Enrique Pita, actual vicepresidente del CNE, explica que aunque no está considerado en el Código de la Democracia, este control se puede aplicar para la campaña anticipada, es decir, las actividades proselitistas que se hacen antes de la inscripción de candidaturas. Propone hacer un acuerdo con la UAFE para lograrlo.

Se debe determinar, por ejemplo, que los aportes no provengan de personas o empresas que tengan contratos o concesiones con el Estado, que no estén vinculados en delitos de narcotráfico y lavado de activos, entre otros.
De identificar algún indicio sobre la existencia de un aporte ilícito se remiten los expedientes a la Fiscalía General del Estado y al Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Desde que se creó el CNE (2008), no ha habido ninguna denuncia de este tipo desde el CNE.

Los tres casos que se han registrado han provenido de otras investigaciones penales. La madrugada del 18 de agosto del 2017, por ejemplo, allanaron las instalaciones del Partido Avanza en Quito y se iniciaron investigaciones. Esto luego de que su líder y fundador, Ramiro González, fuera vinculado en un caso de corrupción. Hoy él continúa prófugo.

A inicios de ese mismo mes, en cambio, las alarmas se encendieron en torno al oficialismo. La prensa brasileña reveló un audio con una conversación entre un delator de la empresa brasileña Odebrecht con el excontralor Carlos Pólit. Cuando se hablaba de las elecciones presidenciales del 2017, el testigo brasileño decía: “Yo supe que Jorge Glas está haciendo caja pidiendo plata, mucho dinero”.

Finalmente, en abril de este año, en un documento dirigido a la Fiscalía, el presidente Lenín Moreno indicó que conoció de un video en el que supuestamente un testigo protegido asevera haber entregado dinero para la campaña presidencial de Rafael Correa proveniente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Con esta información, Andrés Michelena, titular de la Secom, pidió a la Fiscalía investigar. Las investigaciones aún no han determinado responsables.

Luis Verdesoto, actual integrante del CNE, dice que más allá del control estatal debe haber una participación ciudadana. Por eso se hizo un llamado a los medios de comunicación y a la población para que denuncien campañas sospechosas.

La responsabilidad del manejo económico de las campañas recae en los tesoreros que los partidos políticos inscriben junto a las candidaturas. El período de registro para las seccionales previstas para el 24 de marzo del 2019 empezó el jueves pasado y se extenderá hasta el 21 de diciembre.

Los tesoreros o responsables económicos revisan facturas y depósitos, valoran donaciones en especies y cuidan que no ingresen fondos ilícitos. Para esto utilizan una cuenta corriente que debe ser creada solo para este fin y registrarla también ante la autoridad electoral. Hasta el momento no se ha registrado ninguna inscripción.

El control y sanciones al gasto electoral se norman con un reglamento del CNE, que está en vigencia desde las elecciones 2017. Durante las audiencias de los candidatos del recién nombrado Consejo Electoral, una de las propuestas de reformas legales que se debatió tiene que ver con este tema.

Se observó, por ejemplo, que actualmente todos los informes de control y las sanciones relacionadas son posteriores a los comicios, es decir, que no se podría anular una candidatura. Y en caso de que se compruebe un delito luego de los comicios, tampoco se puede forzar una destitución.

José Cabrera, otro de los integrantes del nuevo CNE, aclaró que aunque las elecciones ya fueron convocadas y los candidatos se están inscribiendo se pueden reformar todavía los reglamentos del proceso.

Verdesoto propone la creación de una especie de fiscal electoral ciudadano, que realice una veeduría simultánea a la campaña y, en caso de que encuentre sospechas de dineros ilícitos, se las entregue a la Fiscalía para que actúe de inmediato. Esto hasta lograr incluir un fiscal de este tipo en la legislación ordinaria. Esta idea la expondrá durante la siguiente
semana al resto del Pleno.

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