Brasilia, AFP
Brasil puede convertirse en una potencia petrolera gracias a ricos yacimientos en aguas ultraprofundas, los cuales serán explotados en base a un controvertido marco legal que asegura al Estado el control de las reservas.
Los yacimientos “posicionarán a Brasil entre los países con mayores reservas de crudo y gas natural” del mundo y ampliará su “papel económico y geopolítico internacional”, dijeron los ministros de Energía, Édison Lobao, y de Gobierno, Dilma Rousseff.
De confirmarse las previsiones, Brasil pasaría a formar parte del selecto grupo de países con reservas cercanas a los 100 000 millones de barriles que integran Venezuela, Arabia Saudita, Canadá, Irán, Iraq, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Rusia.
¿Qué se puede hacer con ese potencial? El presidente Lula da Silva quiere asegurar que el Estado tenga una participación mínima y, segundo, que esos recursos sirvan para que Brasil supere la pobreza e invierta en educación.
Según el plan, la parte de los ingresos petroleros que corresponda al Estado irá a un fondo de desarrollo, el cual buscará proteger al país de los ciclos de altas y bajas experimentados por otras naciones petroleras.
De este fondo saldría regularmente dinero para la reducción de la pobreza, para las áreas de ciencia y tecnología, y para mejorar los sistemas de salud y educación. “Lo que queremos es (…) hacer que Brasil se convierta en más rico, más desarrollado desde el punto de vista científico y tecnológico, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de las políticas sociales del Gobierno”, declaró el Presidente.
El proyecto legal, enviado por el Ejecutivo al Congreso, otorga un mínimo de 30% de la operación en todas las concesiones de aguas profundas a Petrobras (controlada por el Estado), crea una nueva estatal (Petro-Sal) que administrará las áreas y contratos, y garantiza el retorno de los ingresos que se obtengan a las arcas públicas.
Pero el anuncio abrió un arduo debate en el Brasil, tanto en el Legislativo como a nivel de los estados que componen la Unión.
“Están creando una disputa nacionalista estilo Robin Hood” con la nueva regulación que favorece al Estado central y no a las regiones, denunció el gobernador de Rio, Sergio Cabral.
Los gobernadores piden que no se reduzcan los millonarios royalties y participaciones que reciben los Estados petroleros. Y solo aceptaron asistir a la presentación del marco regulatorio cuando Lula les aseguró ese dinero.
Por su parte, la industria manifestó “preocupación ” por que se “mantenga el atractivo para los inversionistas”, según el Instituto Brasileño del Petróleo (IBP). “El elevado potencial de producción hace imperativa la participación de la inversión privada”, advirtió de su lado la Confederación Nacional de la Industria.
Los sindicatos y movimientos sociales se agruparon en reclamo de un modelo 100% estatal y acusan a Lula de “entregar” las “riquezas a los grandes empresarios” .
A pesar del debate, Lula tiene buenas posibilidades de ver aprobada su regulación en el Congreso, en el que cuenta con mayoría de apoyos, dijo Carlos Lopes, de la consultora SantaFe Ideias.
“Habrá resistencia de la oposición y el debate tendrá tintes electorales ante los comicios generales de 2010, pero si el Gobierno garantiza los recursos que quieren los Estados, la resistencia disminuye y se esperaría que lo apruebe” el Congreso.
Brasil quiere comenzar la producción comercial del presal en 2015 con miles de millones de dólares de inversión.