19 de marzo de 2019 00:00

FMI hizo 20 observaciones al manejo de las finanzas

En junio del año pasado, un equipo del FMI se reunió con empresarios en Guayaquil para analizar la situación del país. Foto: Cortesía Corpei

En junio del año pasado, un equipo del FMI se reunió con empresarios en Guayaquil para analizar la situación del país. Foto: Cortesía Corpei

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Evelyn Tapia

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El Plan Prosperidad, que recibió el apoyo financiero del Fondo Monetario Internacional (FMI), contempla una reforma de carácter fiscal.

Aunque aún no se conocen los pormenores de esa reforma, el FMI y Ecuador han mantenido acercamientos de asesoría técnica desde el año pasado sobre el manejo de las finanzas públicas.

El Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo (FAD) analizó siete áreas del manejo fiscal del país e hizo 20 observaciones. El multilateral considera que Ecuador debe realizar correctivos para mejorar su manejo presupuestario.

Una de las observaciones realizadas por el FAD, en un informe realizado en septiembre del año pasado y al que accedió este Diario, es la autorización que tiene el Ministerio de Finanzas de modificar el Presupuesto hasta en un 15% respecto del monto aprobado inicialmente por la Asamblea.

El ente considera que esto va en contra de las buenas prácticas internacionales.

“Dicha autorización provoca indisciplina fiscal y una serie de problemas de manejo de caja, ya que Tesorería debe afrontar la presión de nuevos gastos no presupuestados”, señala el documento.

Para Daniel Baquero, investigador de la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes), la norma otorga demasiada discrecionalidad al Ministerio de Finanzas en el manejo de los gastos en un contexto de austeridad.

“Evidentemente puede ser que se requieran ciertos ajustes en el Presupuesto, pero 15% es un margen muy amplio. Quizás 5% sea suficiente”, dice.

Para dar flexibilidad a la ejecución presupuestaria, según el FMI, se debería fijar un procedimiento de reforma al presupuesto en la Asamblea y en situaciones restringidas.

Es decir, “en casos de mayor gasto provocado por grandes imprevistos que no pueden financiarse por recortes de gastos, cuando los ingresos son menores a los proyectados”.

Otra de las observaciones del Fondo es que las iniciativas de inversión que postulan las entidades se priorizan sin consultar los recusos disponibles en la caja fiscal.

El documento añade que por la ausencia de restricciones fuertes, el monto de inversión que postulan las entidades supera en más de un 100% el monto que puede ser financiado por el Fisco.

Fuente:FMI


Para la Proforma 2019, las entidades postularon proyectos de inversión por un monto superior a los USD 9 000 millones, pero al final, solo se destinaron USD 3 429 millones para el Plan de Inversiones.

El análisis también menciona que el gasto público se programa de manera fragmentada y a partir de las necesidades de cada entidad. Lo que recomienda el Fondo es que el alto mando del Gobierno primero decida un límite de gasto total de mediano plazo y que luego decida cómo desagregar ese monto según las prioridades.

La deuda pública es otro tema que observó el Departamento de Asuntos Fiscales.

El multilateral considera que Ecuador debería reducir el límite de endeudamiento del 40% del PIB, permitido por Ley, a un 30%. A enero pasado, la deuda pública se ubicó en 44,9 % del PIB.

Las mejores prácticas, dice el Fondo, recomiendan que los techos de deuda se establezcan en una distancia segura del nivel que desencadenaría lo que se conoce como un “evento crediticio”; es decir, llegar al nivel máximo de deuda.
Según Baquero, esta es una de las medidas que se deberían tomar en cuenta a futuro.

En el corto plazo, lo urgente es que Ecuador ordene sus cuentas, para que se reduzcan las necesidades de financiamiento y la deuda llegue, por lo menos, al límite legal actual, del 40% del PIB, añade.

Para Miguel Ricaurte, economista para la región andina del Grupo Itaú, este informe sugiere pasos que buscan que el Ecuador tenga normas encaminadas a lograr una posición fiscal sólida, como mencionó el FMI cuando difundió la aprobación de una línea de crédito por USD 4 200 millones para el país, el 11 de marzo.

El experto añade que una traba es que los cambios no dependen solo del Ejecutivo, sino de cambios legales que tendrán que pasar por la Asamblea Nacional.

Ana Muñoz, directora ejecutiva de Grupo Faro, señala que las medidas más rápidas de implementar son aquellas que no tienen un costo monetario, no necesitan pasar por Asamblea y tienen que ver con  transparencia.

“Coincidimos con el FMI, es indispensable incorporar elementos de transparencia y generar reportes que alerten de manera temprana la situación del país, como tener procesos de auditoría e informes periódicos”.

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