19 de abril de 2018 00:00

Fondo Monetario Internacional: Deuda pública superó el 40% del PIB

Pablo Celi asumió el cargo de Contralor General del Estado en una polémica situación. Foto: Archivo / EL COMERCIO

El contralor Pablo Celi (der.) inició el examen a la deuda pública en agosto del 2017. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Mayra Pacheco

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Ecuador superó en el 2016 el techo de endeudamiento, según el Fondo Monetario Internacional (FMI). Para entonces la deuda pública ascendió al 42,8% del Producto Interno Bruto (PIB), cuando lo permitido es 40%, como lo señala el Código de Planificación y Finanzas Públicas.

Para establecer este porcentaje, el FMI consideró las preventas petroleras, los Certificados de Tesorería (Cetes), préstamos del Banco Central y atrasos internos que el Gobierno no considera deuda y, por lo tanto, ha excluido de la contabilidad oficial.

Los Cetes son papeles que vencen en menos de un año y son utilizados por el Fisco para obtener liquidez. Según el Código de Finanzas Públicas, no se registran como deuda ya que son de corto plazo.

Pero veedores como Ramiro Crespo han cuestionado que no se incluyan en la contabilidad, ya que en la práctica duran más de un año, ya que el Gobierno no paga los Cetes sino que los va renovando. El Banco Central está entre los grandes tenedores de Cetes.

Las preventas tampoco han entrado en la contabilidad desde el 2009, cuando empezaron a usarse como un mecanismo comercial. El anterior Gobierno hizo 13 preventas con Petrochina, Unipec y Petrotailandia.

El FMI también consideró en su contabilidad deudas internas como aquellas con la Seguridad Social y otras, que el Gobierno no contabilizaba.

El FMI sí incluyó esos rubros y, con ello, la deuda pública llegó en el 2016 a USD 42 273 millones, según el reporte sobre las Perspectivas Económicas Mundiales que presentó estos días en Washington.

En este documento se incluyen también proyecciones sobre las operaciones hasta el 2021.

Para estos cálculos, el multilateral se basó en la metodología de 1986. Sin embargo, estos resultados no coinciden con los que maneja oficialmente el Gobierno ecuatoriano.

Según el Ministerio de Finanzas, la deuda pública consolidada a diciembre del 2016 representó el 27,9% del Producto Interno Bruto (PBI) de aquel entonces. Es decir, llegó a USD 26 810 millones.

Al respecto, la entidad internacional precisó que las autoridades (ecuatorianas) han adoptado una metodología de contabilidad no estándar para fines presupuestarios. “El personal (del FMI) no usa esta metodología”.

El Gobierno anterior sostuvo que la deuda se calcula en función de un manual del FMI.

Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, consideró que la interpretación que han hecho las autoridades ecuatorianas de ese manual no corresponde con la que maneja el multilateral. “El Estado ecuatoriano lo hizo a su manera”.

Además, desde octubre del 2016, el Gobierno ecuatoriano cambió la definición de deuda. Mediante el Decreto Ejecutivo 1218, emitido el 20 de octubre de ese año, reformó el reglamento del Código de Planificación y Finanzas Públicas.

En este se determinó que para este cálcu­lo solo se tomará en cuenta la deuda consolidada -que no contempla compromisos con entidades del Estado, como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)- y no la total (que incluye deuda externa e interna).

Esta modificación dio por resultado un endeudamiento menor (27,9%), que permitió generar más operaciones de endeudamiento.
Este decreto, precisamente, fue observado por la Contraloría General del Estado (CGE) en el examen que se hizo a la deuda pública en el período enero 2012-mayo 2017.

En función de estos resultados presentados el pasado 9 de abril, el órgano de control determinó que a fines del 2016 la deuda pública ascendió a USD 50 500 millones. Esto representó el 52,54% del PIB del mencionado año.

En este rubro se incluyeron las preventas petroleras, los pasivos contingentes, la deuda interna, la deuda flotante y las entidades que no entraron en el proceso de consolidación, que son parte del endeudamiento.

Por esto, el contralor General del Estado, Pablo Celi, estableció recomendaciones para las autoridades actuales.

Respecto del Decreto 1218, en el informe sobre el endeudamiento público se dispuso al Ministerio de Finanzas elaborar un proyecto para derogar este instrumento legal.

También dispuso publicar los estados agregados de la deuda; y la conciliación de valores de deuda entre subsecretarías de financiamiento y contabilidad gubernamental. Estas recomendaciones son de cumplimiento inmediato y obligatorio. “El informe de Contraloría, a diferencia de lo que argumentan los funcionarios del Gobierno anterior, encontró un sustento adicional con las cifras del Fondo Monetario”, expresó Ortiz.

En contexto

El Fondo Monetario Internacional (FMI) coincidió con una de las conclusiones del examen especial a la deuda pública que hizo la Contraloría. Ambas entidades han manifestado que el límite de endeudamiento se superó ya en el 2016.

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