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La Floresta, en el centronorte de Quito, tiene ahora 156 bienes patrimoniales

Residencias como la ubicada en las calles Galavis y Valladolid son parte de un nuevo listado de casas patrimoniales. Foto: Galo Paguay / El Comercio

Residencias como la ubicada en las calles Galavis y Valladolid son parte de un nuevo listado de casas patrimoniales. Foto: Galo Paguay / El Comercio

Residencias como la ubicada en las calles Galavis y Valladolid son parte de un nuevo listado de casas patrimoniales. Foto: Galo Paguay / El Comercio

Algunos lo llaman ‘Las Mercedes’, pues se levantó en los predios de una hacienda con ese nombre; para otros es ‘La Mariposa’, por su silueta. Es La Floresta, un barrio centenario, donde 141 casas acaban de ser declaradas patrimoniales.

El Ministerio de Cultura, el miércoles 17 de marzo del 2021, estampó la firma en un acuerdo ministerial que dio por sentada esa declaratoria, a partir de un expediente que le fuera presentado por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC).

Esa historia comenzó en 1998, cuando el Concejo estableció que 15 inmuebles tenían valor patrimonial (entre ellos el Hotel Quito). En el 2011 se estableció el Plan Especial de La Floresta, donde se norma el uso del suelo para el sector.

En el 2019, el Municipio notificó a 144 propietarios que sus casas eran de “interés patrimonial” y que entraban en un régimen de protección transitoria, por dos años, hasta definir el listado definitivo, que acaba de quedar en 141.

Sumados a los 15 de 1998, hoy La Floresta tiene 156 bienes patrimoniales.

Maximiliano Donoso, presidente del Comité Promejoras La Floresta, se siente con el deber cumplido. Dice que con la declaratoria se logra mantener la residencialidad del barrio y sus flora y fauna endémicas. Añade más: “El patrimonio es vital para la historia y la identidad de los pueblos”.

Esa es una idea que comparte Luis Herrera, dueño de una casa que está en la lista, ubicada en la Lérida y Pontevedra. Pero él agrega un matiz: “el patrimonio debe ser una decisión participativa, no solo institucional y técnica”.

Aún recuerda cuando, en la alcaldía de Augusto Barrera, un técnico llegó a su casa: “La recorrió y dijo que se requería una serie de pasos para declararla o no bien patrimonial. Nunca más lo volví a ver”.

Agrega que “no hubo un proceso de diálogo de las consideraciones técnicas ni socialización de la selección de los bienes”. Considera ese un paso vital porque la responsabilidad de sostener y mantener esos bienes pasa a los propietarios.

Catalina Tello, directora del INPC, explica que el estudio para determinar la lista se hizo entre el Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP), Colegio de Arquitectos, Cronista de la Ciudad e INPC.

La recopilación de datos empezó en el 2010 y se consideraron antigüedad, entorno, importancia histórica, morfología, entre otros.

La declaratoria de patrimonio, dice Tello, no significa que se detiene el desarrollo urbano y social.

Detrás del mostrador de su micromercado, Jaime Collantes se entera de esas palabras y espera no se las lleve el viento.

Es dueño del predio de la Andalucía N24-324 y Cordero. Rememora que hace 20 años lo compró con la idea de, con el tiempo, levantar un edificio. Desde que su casa entró en el listado provisional y ahora que está en el final sabe que esa construcción está más lejana.

Al ser un bien patrimonial no puede hacerle mayores modificaciones, que -en cualquier caso- serían onerosas. Antes de instalar su negocio, invirtió más de USD 25 000 para cambiar todos los servicios de agua y canalización, más la cubierta.

Junto con su familia, Collantes buscará alguna alternativa para seguir progresando, aunque el edificio que soñó levantar solo lo vea ya en su mente y en la acera del frente donde sí hay esas construcciones.

Donoso explica que están trabajando con el IMP en un sistema de tratamiento del patrimonio. Básicamente, suministrar fondos para sostener los bienes patrimoniales, clarifica el escritor Julio Pazos, morador de La Floresta.

“No es solo cuestión de entregar un papel”, sigue Pazos, “tras eso debe haber políticas municipales para preservar la identidad y convertir al lugar en un centro de interés turístico; que los predios puestos en valor no signifiquen una carga para sus propietarios”.

Al caminar por La Floresta se encuentra, en buena parte de sus 76 manzanas, casas deterioradas, otras deshabitadas o descuidadas; hay terrenos usados como parqueaderos y en medio de las villas de antaño, grandes edificios.

Ante esa realidad, considera Herrera, es necesario incentivos reales y consensuados con los propietarios. Por esa misma línea va Handel Guayasamil, expresidente del Colegio de Arquitectos, quien cree que esas políticas públicas deben ser claras para generar otros ingresos para los propietarios.

Esos incentivos existen, asegura Raúl Codena, director del IMP. Desde el 2019 hay recursos para rehabilitación, intervención en cubiertas, recuperación de fachadas y mantenimiento menor.

Unas ayudas que, según moradores, no son efectivas por la burocracia. Codena admite que están corrigiendo falencias en ese sentido.

Él anticipa que con la Secretaría de Territorio alistan una Ordenanza de Construcción con la que, espera, “todos estén conformes”. Estaría lista en un par de meses.

Mariana Andrade, directora del cine Ochoymedio, espera que el patrimonio no se transforme en un candado, sino en algo vivo, atractivo de ver. Como la mariposa.

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