Fiscalización pedirá protección para tres personas que comparecieron por juicio político a María Paulo Romo

La Comisión de Fiscalización y Control Político de este 21 de octubre del 2020 dirigida por la vicepresidenta Noralma Zambrano. Foto: Captura

La Comisión de Fiscalización y Control Político de este 21 de octubre del 2020 dirigida por la vicepresidenta Noralma Zambrano. Foto: Captura

La Comisión de Fiscalización y Control Político de este 21 de octubre del 2020 dirigida por la vicepresidenta Noralma Zambrano. Foto: Captura

La Comisión de Fiscalización pedirá a la Fiscalía que incluya en el programa de protección a víctimas y testigos a tres personas que este miércoles, 21 de octubre del 2020, comparecieron por el trámite del juicio político a la ministra de Gobierno, María Paula Romo.

Se trata de Julio Flores, Nicole Villafuerte y Jhajaira Urresta, quienes se identificaron como víctimas de la represión de las violentas protestas de octubre de 2019 y esta tarde dieron sus testimonios para el proceso de interpelación a Romo.

El asambleísta José Serrano (AP) propuso “que se les brinde toda la protección necesaria para garantizar su seguridad y resguardar su integridad física y psicológica, en el marco del sistema de protección víctimas y testigos” que lleva la Fiscalía General del Estado.

La propuesta fue aprobada por ocho de los 11 asambleístas que son parte de la Comisión de Fiscalización, que prevé recibir la versión de Romo el próximo 31 de octubre. Marcelo Simbaña, de Creo, se abstuvo, pues dijo: “no veo claridad en la moción”.

La comparecencia de Flores, Villafuerte y Urresta fue requerida por Amapola Naranjo, de la Revolución Ciudadana, que junto a Lourdes Cuesta y Roberto Gómez (exCreo) impulsa este proceso.

Urresta, quien perdió un ojo en medio del paro, se definió como una defensora de los derechos humanos y que actualmente es candidata a asambleísta por el colectivo Unión por la Esperanza (Unes).

Los interpelantes acusan a Romo de incumplimiento de funciones por el uso de bombas lacrimógenas caducadas, supuestos ataques a centros de acogida humanitaria y de no convocar a tiempo a un comité para la protección de periodistas en las protestas de hace un año.

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