13 de septiembre de 2018 00:00

Fiscalía recoge primera versión contra Correa y exfuncionarios

Ayer, César Montúfar (centro), junto con sus abogados, entregó su versión a la Fiscalía durante más de una hora. Foto: API

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Redacción Seguridad

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Los actos de corrupción vinculados con Odebrecht, Petroecuador, Petrochina, Chevron, gastos reservados de la Senain y pagos por sabatinas no son hechos aislados para el exasambleísta César Montúfar. “Sino, se trata de un fenómeno sistemático y estructural que tendría más que ver con la delincuencia organizada”.

Ayer 12 de septiembre del 2018, el actual líder del movimiento Concertación se presentó en la Fiscalía General, en Quito, para reconocer su firma en la denuncia que colocó por el delito de delincuencia organizada, en marzo pasado. En esta comparecencia rindió una primera versión sobre el caso, luego de que la Fiscalía notificara, la semana pasada, la apertura de la indagación previa.

La denuncia señala a nueve personas, entre estas al expresidente Rafael Correa, al vicepresidente Jorge Glas, al expresidente de la Asamblea José Serrano, a los exfiscales Carlos Baca y Galo Chiriboga, etc.

Para el exlegislador, los supuestos ilícitos se habrían cometido durante la década que gobernó Correa. “Fue desde Carondelet, desde la cúpula del Estado, que se organizó un esquema de corrupción: modificando leyes, firmando decretos, cambiando instituciones, nombrando a personas de confianza para que manejen sectores estratégicos y para que lleven adelante todo un esquema delincuencial”.

En la denuncia escrita se señalan 13 hechos, en los que aparentemente hubo irregularidades, malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito de funcionarios, sobornos, tráfico de influencias, etc.

Uno de los actos que se menciona es la negociación que avaló el regreso de Odebrecht al país, en el 2010. Sobre todo, después de que la firma fuera expulsada dos años antes, por fallas en la construcción de la Hidroeléctrica San Francisco.

En la queja judicial se dice que el retorno de la constructora brasileña se logró gracias al “levantamiento ilegal de responsabilidades penales y administrativas” en la que participaron Glas, el exprocurador Diego García, el excontralor Carlos Pólit y la Presidencia, representada por Correa y Alexis Mera, exasesor Jurídico. Todos fueron denunciados.

Para Mera, el inicio de la investigación penal “no significa nada, legalmente”. A través de un correo electrónico remitido a este Diario calificó de “canallesca” la acción en su contra. “(Según Montúfar) todos los denunciados nos habríamos puesto de acuerdo para crear un esquema de corrupción. Es tan canallesca que el fiscal debería archivarla, luego de la debida investigación; debería declararla maliciosa e iniciar un juicio penal contra el candidato a Alcalde”.

Mera criticó que ahora deba pagar un abogado para que lo represente en este caso. “Como desgraciadamente en este país no hay límites para presentar calumnias disfrazadas de denuncias, los servidores públicos honestos debemos aguantar este tipo de tropelías. Lo que es peor, gastar tiempo y dinero en abogados pagados de nuestro bolsillo. ¿Quién resarce aquello? Nadie”.

Un segundo acto en la denuncia de Montúfar se refiere al uso de los fondos reservados de la Senain para supuestamente editar videos y para perseguir a políticos. Otro punto es sobre la existencia de más de 2 200 informes de la Contraloría con indicios de responsabilidad penal, en los que se señala un perjuicio para el Estado de USD 2 500 millones. Sobre esto, el exlegislador sostuvo que hasta el momento el Estado no ha recuperado los fondos ni planteado investigaciones. Pólit, actualmente prófugo en Estados Unidos por corrupción, y el exfiscal general Galo Chiriboga son señalados por estos hechos.

En otra parte de la denuncia se habla de un supuesto incremento de hasta el 70% de los montos originales de las contrataciones públicas. Un ejemplo es el caso de la rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas. Este proyecto debía realizarse con USD 855 millones, pero se triplicó y costó USD 2 300 millones.

También en el caso Odebrecht se estableció que, por ejemplo, solamente la obra vial para la Hidroeléctrica Manduriacu costó USD 10 millones más de lo previsto.

Ya en diciembre pasado, durante la sentencia contra Glas por asociación ilícita en el caso Odebrecht, el Tribunal de la Corte Nacional ordenó que se abrieran nuevas indagaciones, porque se hallaron evidencias de que se habría cometido otros delitos.

Los magistrados mencionaron peculado, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, lavado de activos y testaferrismo.

Actualmente, ninguna de las nuevas investigaciones ha pasado a la fase de instrucción fiscal, en donde se imputan cargos contra los sospechosos.

Otro de los denunciados por el exasambleísta es Carlos Baca, exfiscal general. A él le responsabiliza sobre la no presentación de la información que Odebrecht envió al país en junio del 2017, durante el juicio contra Glas. Esto “a pesar de que se habría recibido ocho gigabytes de información de parte de las autoridades judiciales brasileñas”.

Más actos que se denuncian son el pago de abogados en el caso Chevron, la deuda externa, la preventa petrolera con Petrochina y la organización de las sabatinas. Sobre esto último ya existe una indagación abierta contra Fernando Alvarado, extitular de la Secom.

También se pide investigar la eliminación de las responsabilidades penales de la empresa australiana Worley Parsons, en el caso Petroecuador. Esto a pesar de que la Contraloría halló indicios penales durante la rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas, obra que era fiscalizada por la compañía extranjera.

Los hechos relacionados con este caso

13/12/2017
La Corte Nacional sentenció a Jorge Glas a seis años de cárcel, junto a su tío Ricardo Rivera, por el caso Odebrecht. También ordenó investigar delincuencia organizada.

05/03/2018
El exasambleísta César Montúfar acudió a la Fiscalía General del Estado y presentó una denuncia en contra del expresidente Rafael Correa por delincuencia organizada.

20/04/2018
El fiscal general subrogante, Gen Rhea, notificó a Montúfar con la apertura de la indagación previa, pero no incluyó una resolución que avalara el inicio de la investigación.

06/09/2018
La fiscal subrogante Ruth Palacios declaró el inicio oficial de la indagación previa y pidió que se notificara a todos los investigados y a sus abogados, a través de un agente.

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