30 de mayo de 2019 17:58

Fiscalía pidió respetar la autonomía de la institución; la Judicatura respondió

La fiscal general Diana Salazar habló este 30 de mayo del 2019 de la Resolución 68 emitida por el Consejo de la Judicatura. Foto: Twitter/ FiscaliaEcuador.

La fiscal general Diana Salazar habló este 30 de mayo del 2019 de la Resolución 68 emitida por el Consejo de la Judicatura. Foto: Twitter/ FiscaliaEcuador.

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Redacción Seguridad

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La fiscal general Diana Salazar acudió la mañana de este 30 de mayo del 2019 al Consejo de la Judicatura y habló de la Resolución 68 emitida por esa institución y que tiene relación con la potestad legal para autorizar y dar por terminadas las comisiones de servicios a favor de los servidores judiciales de todas las carreras de la Función Judicial.

Con base en el artículo 178 de la Constitución, Salazar dijo que la Fiscalía General es un órgano autónomo de la Función Judicial e indicó que el artículo 194 de la Carta Magna reconoce que esta institución es un órgano único e indivisible que funcionará de manera desconcentrada y tendrá autonomía administrativa, económica y financiera.

Además, sostuvo que la Fiscalía tiene problemas por un déficit de 538 fiscales a escala nacional.

Por eso, la entidad ya pidió a la entonces Judicatura de Transición el reconocimiento de la autonomía e independencia y la delegación para emitir nombramientos provisionales de la carrera fiscal administrativa. Así como la delegación para administrar concursos de méritos y oposición de las carreras fiscales y fiscal administrativa.

Salazar explicó que en el 2018 se receptaron un promedio diario de 984 denuncias, mientras que en el 2019 se reciben diariamente un promedio de 955. Actualmente, laboran 837 agentes fiscales en todo el país.

La Fiscalía indicó que, tras la reunión mantenida en la Judicatura, el compromiso fue revisar la resolución.

Sin embargo, en un comunicado, el Consejo de la Judicatura aseguró “que es competente para autorizar las comisiones de servicios de todas y todos los servidores judiciales”.

Manifestó además que la Resolución 68 “bajo ningún concepto pretende afectar la autonomía de la Fiscalía General del Estado o de la Defensoría Pública, cuya defensa por parte de este Consejo de la Judicatura ha sido demostrada con acciones concretas a través de la expedición de resoluciones”.

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