La fiscal Tania Moreno (izquierda) dirigió un allanamiento a las oficinas del Metro de Quito, en junio del 2017. Foto: Archivo EL COMERCIO
Luego de que se conocieran las revelaciones del Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ) sobre posibles coimas en el Metro de Quito y la Ruta Viva, la Fiscalía General del Estado reaccionó y no descarta reabrir los casos archivados.
De todos los expedientes aperturados por Odebrecht, el Metro fue al archivo.
Datos de la Fiscalía muestran que por la trama de la constructora brasileña, que estallara el 21 de diciembre del 2016, seis causas se encuentran en indagación previa (bajo reserva), tres tienen sentencia, una se halla en casación (última etapa) y una está apelada.
La entidad aseguró que los procesos siguen el curso y los plazos que establecen la ley. “Las indagaciones siguen con el objetivo de buscar la verdad integral de los hechos presuntamente delictivos y -de ser el caso- determinar responsabilidades dentro de la ley”.
Hay más voces para que se vuelva a investigar este tema. Por ejemplo, el próximo jueves se reunirá el equipo de trabajo de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) y se aprobará un cronograma de trabajo. La idea es indagar desde las primeras negociaciones que se realizaron para el Metro.
La Comisión Quito Honesto, en cambio, recopila información sobre posibles denuncias relacionadas con el Metro de Quito y la Ruta Viva que hayan llegado previamente.
Michel Rowland, delegado del alcalde Jorge Yunda ante la Comisión, explicó que tiene dos semanas en el cargo y que esperará estos informes para pronunciarse al respecto. Pero señaló que a futuro colaborarán con Anticorrupción, con las veedurías y en las investigaciones que se desarrollen.
El caso del Metro también fue analizado por la Contraloría General del Estado. Esta semana, el contralor Pablo Celi dijo que esta obra para Quito costó USD 11 millones más de lo planificado. El informe de la entidad habla de cambio de rubro; no de incremento.
La primera denuncia sobre este tema llegó a la Fiscalía el año pasado, tras la queja judicial presentada por la asambleísta María José Carrión.
Hasta febrero del 2018, cuando se archivó el expediente, los agentes centraron la investigación en dos aspectos: en el proceso de contratación del Metro y en las personas que podrían estar involucradas.
Este Diario habló con los agentes que rastrearon esos datos y dijeron que entonces no se encontraron indicios penales, pero que eso no significaba que no existiesen, sino que en ese momento no pudieron sostener una acusación.
Lo que se descubrió fueron elementos a los que catalogaron relevantes y no relevantes.
En el proceso se rastreó dos nombres. Uno de ellos vendió gasolina a Odebrecht a través de sus dos estaciones. La Fiscalía encontró dos facturas por USD 116 493 emitidas por las gasolineras y el cliente era la constructora brasileña.
Sin embargo, en los registros de la Agencia de Control Hidrocarburífero no se reportó el despacho del combustible.
Al expediente se sumó el informe de la Unidad de Análisis Financiero. La entidad determinó posibles movimientos inusuales por USD 27 millones entre el 2010 y el 2015.
La persona que estaba detrás de esas operaciones fue procesada por lavado, pero finalmente fue declarada inocente.
A otro, en cambio, se lo señaló, porque asistía “a todas las reuniones (de la Comisión Técnica del Metro) y porque tomaba algunas decisiones”.
Anticorrupción pide que se rastree todo. Germán Rodas, coordinador encargado de esa Comisión, planteó dejar sin efecto la cooperación firmada con Odebrecht en junio del 2017 por el entonces fiscal Carlos Baca. “Como en el acuerdo de cooperación no mencionan a equis persona, esa persona está libre. Por eso, algunos dicen: yo no consto en ningún informe. Se omitieron nombres importantes”.