La fiscal general, Diana Salazar, solicitó a los magistrados de la Corte Nacional de Justicia que se ratifique la sentencia contra Rafael Correa por el caso Sobornos. Foto: Cortesía
En la Corte Nacional de Justicia, en el norte de Quito, se desarrolla la audiencia de casación para 16 de los 20 sentenciados por cohecho en el caso Sobornos.
Para el expresidente Rafael Correa, Jorge Glas, Viviana Bonilla, Pamela Martínez, Laura Terán, Alexis Mera, Vinicio Alvarado, Christian Viteri y ocho empresarios este es el último recurso legal que tienen antes de que la condena quede ejecutoriada.
A las 10:30 se instaló la diligencia y durante seis horas los abogados explicaron que en la sentencia se aplicó e interpretó de forma incorrecta cinco artículos del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y seis del Código Penal (CP), vigente hasta el 2014.
Luego, la fiscal general, Diana Salazar, expuso sus argumentos. Dijo que las normas penales sí se interpretaron correctamente para imponer la sentencia contra Correa, Glas y otros. Por eso pidió que el Tribunal ratifique la condena de ocho años de cárcel.
Durante la audiencia, Alfonso Zambrano, abogado de Correa, indicó que en el fallo judicial se confundió el término autor e instigador del delito. Además, aseguró que el exmandatario no incurrió en una infracción penal, por eso solicitó que se deje sin efecto la sentencia y se declare su inocencia.
Para Cristian Romero, defensa del exvicepresidente Jorge Glas también se aplicó de forma indebida el artículo 42, numeral 2 del COIP. Allí se menciona que un autor mediato es quien instiga o aconseja a otra persona a cometer una infracción. Según el jurista, su cliente no actuó de esa forma. “La pena está mal atribuida, por lo que debe ser corregida”.
En cambio, Calixto Vallejo, abogado de Viviana Bonilla, dijo que los hechos investigados por Fiscalía no se adecúan al delito de cohecho establecido en el artículo 285 del Código Penal. Por eso pidió que su cliente sea declarado inocente. El mismo argumento fue utilizado por la defensa de Christian Viteri. La fiscal Salazar dijo que no existen criterios jurídicos en el planteamiento de ambos.