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Fiscalía rastrea más delitos en caso Mendoza-Azuero

El legislador Eliseo Azuero fue vinculado el pasado viernes en la Corte Nacional. Foto: Cortesía

El legislador Eliseo Azuero fue vinculado el pasado viernes en la Corte Nacional. Foto: Cortesía

El legislador Eliseo Azuero fue vinculado el pasado viernes en la Corte Nacional. Foto: Cortesía

Las investigaciones en torno a los detenidos por la fallida construcción del Hospital de Pedernales arrojan más detalles y dejan ver cómo se manejó el dinero desviado a cuentas particulares. En el expediente del caso se dice que un grupo se dedicaba a cambiar los cheques por dinero en efectivo.

Ahí aparece José Santos, a quien se le atribuye el cobro de USD 300 000 de tres cheques.

La Fiscalía señala que José Párraga, Miguel Ganchoso y Danilo Véliz también hacían lo mismo. Hoy, todos están detenidos y rastreados por delincuencia organizada.

Según las indagaciones, Párraga cambió un cheque girado por el Consorcio Pedernales Manabí por USD 100 000.

Ganchoso, en cambio, habría efectivizado dos cheques, cada uno por USD 40 000.

La Fiscalía dice que Danilo Véliz cambió 15 cheques por un monto total de USD 217 350. Él es hermano de José Véliz, procurador del Consorcio y también está preso.

Según la teoría de la Fiscalía, todo el dinero provino del anticipo que el Estado ecuatoriano entregó para la construcción del Hospital, pero que se destinó para otros fines.

Fiscalía indicó que por encima de los procesados estaban el legislador Eliseo Azuero y el exlegislador Daniel Mendoza. “Los rubros fueron a parar a poder de los dos”. La entidad asegura que otros retiros realizados en las agencias de BanEcuador también fueron a parar a sus manos.

Así, la Fiscalía busca establecer una relación entre el dinero obtenido, tras cambiar los cheques o por medio de retiros en efectivo, y delitos relacionados contra la administración pública.

Los investigadores sostienen que se podría abrir otro expediente por cohecho, un ilícito que se configura cuando un funcionario público acepta o recibe dinero o favores para cumplir actividades inherentes a sus labores.
En ese caso, la pena es de uno a tres años, según el artículo 280 del Código Penal.

De la información recabada hasta el momento se sabe que el dinero que recibían Azuero y Mendoza, luego se los repartía a otros funcionarios públicos. Para este fin habrían usado sus cuentas o se valieron de intermediarios.

Ahora, todos estos detalles están en análisis, al igual que los diálogos que los agentes también obtuvieron durante las pesquisas judiciales.

En el denominado sitio mega.nz, los peritos hallaron los archivos de grabaciones con los nombres La Verdad y Llamada. La transcripción de ese material ahora está en poder de la Fiscalía General.

En una parte de los audios, aparentemente se escucha decir a Azuero que es un “buen operador político” y habla con Mendoza de procesos de fiscalización.

Mencionan a una persona de apellido Tello. La Fiscalía llamó al legislador Raúl Tello para que hoy entregue en Quito su versión voluntaria.

Él dijo que sí asistirá. “Con Mendoza no he tenido ninguna relación y yo lo he combatido de manera frontal”. Aseguró que los diálogos “nunca dicen que me dieron algo en tal lugar, en tal fecha”. Hoy además deben dar su versión Franco Romero, Washington Paredes y Rosa Verdezoto.