17 de julio de 2020 12:51

Fiscalía pide prisión preventiva para el asambleísta Eliseo Azuero por la trama de corrupción en la construcción del Hospital de Pedernales

La Fiscalía sostiene que existe riesgo de fuga de Eliseo Azuero, quien vive en la provincia de Sucumbíos. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.

La Fiscalía sostiene que existe riesgo de fuga de Eliseo Azuero, quien vive en la provincia de Sucumbíos. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.

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Ana Belén Rosero

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Este 17 de julio del 2020, la Fiscalía pidió al juez Marco Rodríguez que dicte prisión preventiva en contra del asambleísta Eliseo Azuero y 12 personas más, durante la audiencia de vinculación al proceso por presunta delincuencia organizada.

En este caso también están procesados el exlegislador Daniel Mendoza y se investiga una estructura de corrupción que estaría detrás de la construcción del hospital de Pedernales, en Manabí.

La Fiscalía indicó que Azuero vive en Sucumbíos y que al ser una provincia fronteriza existe riesgo de fuga. Otro pedido fue imponer una reparación integral al Estado de USD 8 millones.

La diligencia se realiza en la Corte Nacional de Justicia, en el norte de Quito. Por el número de abogados de los procesados, la cita judicial se desarrolló en tres salas diferentes del alto Tribunal para evitar contagios de covid-19.


La Fiscalía rastrea una conversación entre Azuero y Mendoza. Según la fiscal general, Diana Salazar, ese audio demuestra la participación del parlamentario en el delito, pues en el diálogo se detallaría la forma en cómo se repartieron los fondos y cómo se hizo la selección de personas para la construcción del hospital.

Además, Salazar detalló las funciones que cumplieron los ahora procesados. Por ejemplo, el exsubdirector del Servicio de Contratación de Obras (Sercob) Jorge Jalil, inobservó el reglamento y procedimientos legales para la contratación.

Según la investigación, el resto de investigados se encargó de suscribir el contrato, obtener documentos financieros y coordinar actividades entre los miembros de la estructura de corrupción. También efectivizaron los cheques del consorcio Pedernales para entregarlos a Mendoza.

Tras la vinculación, la fase de instrucción fiscal o investigación pública se extiende de 90 a 120 días. En ese tiempo, los agentes deben recabar más evidencias que se incluirán en el expediente.

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