La Fiscalía pidió prisión preventiva para el contralor Pablo Celi y ocho personas más por presunta delincuencia organizada

La audiencia de formulación de cargos por presunta delincuencia organizada arrancó a las 19:10 de este 13 de abril del 2021 en las instalaciones de la Corte Nacional, en el norte de Quito. Foto: Twitter Fiscalía

La audiencia de formulación de cargos por presunta delincuencia organizada arrancó a las 19:10 de este 13 de abril del 2021 en las instalaciones de la Corte Nacional, en el norte de Quito. Foto: Twitter Fiscalía

La audiencia de formulación de cargos por presunta delincuencia organizada arrancó a las 19:10 de este 13 de abril del 2021 en las instalaciones de la Corte Nacional, en el norte de Quito. Foto: Twitter Fiscalía

La noche de este 13 de abril del 2021, la fiscal general, Diana Salazar, pidió al juez Felipe Córdova que dicte prisión preventiva en contra del contralor Pablo Celi, el exsecretario de Presidencia José Augusto Briones y siete personas más por una trama de corrupción.

Esta solicitud la hizo durante la audiencia de formulación de cargos por presunta delincuencia organizada. La diligencia arrancó a las 19:10 en las instalaciones de la Corte Nacional, en el norte de Quito.

Este delito es sancionado con cárcel de siete a 10 años. Así lo establece el artículo 369 del Código Integral Penal.

En cambio, los abogados de los procesados aseguraron al magistrado que sus clientes comparecerán a la justicia y solicitaron que se les impongan medidas alternativas a la prisión.

Celi y los otros fueron detenidos la madrugada de este 13 de abril del 2021 tras 25 allanamientos ejecutados por la Fiscalía y Policía en Quito y Guayaquil.

Según la Fiscalía, estos operativos se realizaron en el marco de una investigación abierta en junio de 2019, por presuntos actos de corrupción en Petroecuador, Contraloría y la Secretaría de la Presidencia.

Este caso comenzó con la indagación penal contra el sobrino de Celi y exfuncionario de Petroecuador, Raúl de la Torre. Él fue procesado en Estados Unidos por el delito de lavado de activos.

Según la Fiscalía de ese país, De la Torre conspiró con otros funcionarios de Petroecuador y del Gobierno de Ecuador para recibir USD 3,1 millones en sobornos a cambio de que una compañía obtenga y mantenga contratos con la estatal petrolera.