8 de octubre de 2019 00:00

Fiscalía presentó 120 evidencias contra exdirector de la Senain

En el anterior gobierno, la exSenain fue cuestionada por perseguir a los sectores que se oponían a las políticas adoptadas por el correísmo. Foto:Archivo / EL COMERCIO

En el anterior gobierno, la exSenain fue cuestionada por perseguir a los sectores que se oponían a las políticas adoptadas por el correísmo. Foto:Archivo / EL COMERCIO

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Redacción Seguridad

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El fiscal general subrogante, Wilson Toainga, presentó ayer un dictamen acusatorio en contra de Pablo Romero, exdirector de la antigua Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), y otros cuatro exfuncionarios.

Ellos fueron acusados por el supuesto delito de peculado. La audiencia se realizó la mañana de ayer ante el juez de Garantías Penales de la Corte Nacional, Richard Villagómez.

En la audiencia, el fiscal Toainga presentó 120 elementos de convicción. Entre estos, el agente mencionó el informe con indicios de responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del Estado, luego de que efectuara un examen a la Senain, en el período comprendido entre el 1 de junio y el 31 de agosto de 2013.

A través de esa auditoría, la Contraloría determinó que la Senain, dirigida por Romero, “utilizó fondos públicos permanentes de gastos especiales para aplicar la operación encubierta denominada Caminito”.

Esta operación supuestamente pretendía obtener datos sobre un presunto grupo de hackers, en el 2013. Ellos habrían accedido a información secreta de Fuerzas Armadas, de la Corte Nacional de Justicia y de otras instituciones.

“Al parecer tenían en su poder las claves de acceso a correos electrónicos y cuentas personales de ministros de Estado, lo cual colocaría al país en un alto grado de vulnerabilidad”, informó la Fiscalía.

Según el informe de la Contraloría y, tras la investigación de Fiscalía, existieron irregularidades en la Senain, ya que no fue justificado el pago a un posible informante conocido como El Ruso.

Además, la identidad de ese informante tampoco ha sido determinada, ya que la persona tenía documentos falsos.

Todo esto, según la Fiscalía, ocasionó un perjuicio para el Estado de USD 162 582.

Por su parte, Stalin Oviedo, abogado de Romero, dijo que la Fiscalía acusó su cliente con una norma derogada que se encuentra en el antiguo el Código Penal. “Contra él dicen que es coautor, pero esa figura ya no existe en el Código Integral Penal. La Fiscalía tiene que decirnos cómo mismo participó supuestamente mi cliente”

El abogado también dijo que la auditoría de la Contraloría, que sirve de prueba en el caso, fue elaborada por el excontralor Carlos Pólit, hoy prófugo en Estados Unidos por corrupción en el caso Odebrecht.

Por esta razón, agregó que durante la audiencia preparatoria de juicio ningún funcionario de la Contraloría fue llamado como testigo para sustentar las conclusiones que contiene el informe.

El juez del caso suspendió la audiencia luego de escuchar los argumentos de las dos partes. Indicó que en las próximas semanas convocará a los procesados y a la Fiscalía para que conozcan su resolución.

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