Pablo Celi, contralor general, es investigado por el presunto delito de usurpación y simulación de funciones públicas. Foto: Archivo/ EL COMERCIO
La fiscal de Administración Pública, Fanny Jácome, solicitó ayer (12 de agosto del 2020) a la Dirección de Talento Humano de la Contraloría General que remita documentos certificados donde conste quién ejercía el cargo de Contralor y Subcontralor entre mayo y junio del 2017.
Estos documentos son solicitados como parte de la investigación previa en contra de Pablo Celi, contralor general, por el presunto delito de usurpación y simulación de funciones públicas. Este proceso judicial se inició en junio del 2017.
Un mes antes, el excontralor Carlos Pólit salió del país, luego de que se desatara el escándalo de corrupción de la empresa Odebrecht.
Jácome fijó un plazo de cinco días para recibir la documentación. En el impulso fiscal se menciona que la Contraloría debe remitir “copias certificadas de las acciones de personal y contratos de prestación de servicios de mayo y junio del 2017”.
Personal de la Contraloría General indicó que no darán un pronunciamiento hasta confirmar si la notificación de Fiscalía está en la ventanilla de esta entidad.
El Código Integral Penal (art. 287) establece que el delito de usurpación de funciones es penado con cárcel de seis meses a un año.