Fiscalía ha recopilado más de 500 carpetas de evidencias. Constan los contratos que obtuvieron las firmas indagadas. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO
Kilómetros en carreteras, puentes y megaobras como la Hidroeléctrica Toachi-Pilatón, el Sistema Multipropósito Chone y parte de los estudios para Refinería del Pacífico fueron adjudicadas a ocho empresas, cuyos directivos son investigados en el caso Sobornos.
En total son 157 contratos, órdenes de trabajo y convenios de pago que otorgó el gobierno de Rafael Correa a un grupo de compañías, acusadas por la Fiscalía de haber entregado dineros a Alianza País entre el 2012 y el 2016 (ver infografía).
Entre las obras que la Fiscalía analiza está la carretera Sígsig-Matanga-Chigüinda-Gualaquiza, que une Azuay con Morona Santiago.
En el 2014, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) adjudicó la obra a la empresa Sinohydro. Solo este contrato tuvo un valor de USD 65,4 millones. En total, Sinohydro recibió 11 adjudicaciones, únicamente en el 2014.
En los archivos de Laura Terán, exasistente de la Presidencia, aparecen más menciones sobre Sinohydro. Los documentos muestran, por ejemplo, la factura 507 emitida por Alonso Guerrero Ullauri a Sinohydro, por USD 44 800, el 9 de enero del 2013. En ese tiempo se llevaba a cabo la campaña para la reelección de Rafael Correa, en binomio con Jorge Glas. Guerrero explicó a la Fiscalía que organizó shows para Alianza País, pero que Sinohydro pagó las facturas. Actualmente, el antiguo representante, Cai Runguo, tiene una orden de prisión.
Técnica General de Construcciones (TGC) es otra contratista investigada. Según la información de la Fiscalía, entre el 2011 y 2015 registró 14 contratos con el Estado. Laura Terán indicó que esta firma aportó con USD 300 000 al movimiento Alianza País.
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Teodoro Calle, accionista de la constructora, dijo a la Fiscalía que mientras tuvo contratos con el Estado fue víctima de chantajes. Contó que dos exministros le amenazaron con no pagarle las planillas adeudadas por trabajos si no realizaba inauguraciones de obras. Eso fue desmentido por la exministra María de los Ángeles Duarte, ahora procesada.
Jorge Acosta, abogado del empresario, negó ayer que su cliente haya pagado sobornos. “Mi cliente ya no tiene contratos con el Estado desde el 2012. Suponiendo que pagó un soborno: ¿para qué? Para nada, porque no recibió obras”.
En los documentos en poder de la Fiscalía se menciona el contrato entre MTOP y TGC para la rehabilitación y mantenimiento de la carretera Vilcabamba – Yangana – Valladolid – Palanda – Bellavista. La obra costó USD 126 millones.
Fopeca es otra empresa vinculada al caso Sobornos. Del 2011 al 2016 recibió 27 contratos, según lo investigado por la Fiscalía. Entre ellos está la construcción de la vía Tambo–Ingapirca –Honorato Vásquez–Panamericana Sur. El valor del contrato fue de USD 16,4 millones.
La constructora Hidalgo & Hidalgo manejó 39 contratos entre 2010 y 2016, según consta en los archivos judiciales. Una obra que estuvo a su cargo fue la rehabilitación de la vía Zhud-Cochancay-El Triunfo, por USD 91,7 millones.
La Fiscalía ha indicado que los contratistas habían entregado a AP USD 7,5 millones en aportes en efectivo y por cruce de facturas. Ayer, Íñigo Salvador, procurador General, dijo que la reparación al Estado debe ser del triple de lo recaudado, es decir, USD 22,5 millones.
También reconoció su firma en la acusación particular, en la Corte Nacional. Hoy, en este alto tribunal de justicia, Geraldo Pereira de Suoza, exdirectivo de Odebrecht, entrega su testimonio anticipado.