El 14 de junio del 2017, la Fiscalía allanó las oficinas de la empresa Metro de Quito. Foto: Archivo EL COMERCIO
Una parte de la información revelada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) sobre el presunto pago de coimas en el Metro de Quito reposa en la Fiscalía desde febrero de este año. El 19 de ese mes se entregaron correos, fechas de emisión y un número de cuenta bancaria, que aparentemente demostrarían esta ilegalidad.
Estos datos fueron extraídos precisamente del sistema Drousys, que fuera desarrollado por la constructora Odebrecht para llevar la contabilidad sobre el pago de sobornos a cambio de recibir proyectos.
En los documentos que ingresaron a la Fiscalía constan conversaciones sobre presuntos pagos ilegales en la obra.
Con base en esto, en febrero y a inicios de este mes, el exlegislador César Montúfar pidió por escrito que la Fiscalía General reabriera la investigación del Metro de Quito, que había sido cerrada el 27 de febrero del año pasado. No ha tenido respuesta. La Fiscalía tampoco se ha pronunciado sobre la investigación del ICIJ.
“Podemos decir de forma categórica que hubo pagos ilegales y que estos fueron ejecutados desde el Meinl Bank (banco que es investigado en los Estados Unidos) a una cuenta que consta en la documentación que tiene la Fiscalía”. Así lo explicó Montúfar.
Los correos electrónicos, en los que se mencionan las aparentes coimas, están fechados al 1 de abril y a junio del 2015.
Este Diario habló ayer con investigadores que trataron este caso y aseguraron que jurídicamente el tema sí se puede reabrir. De hecho, el Código Integral Penal (art. 586) avala este tipo de práctica judicial.
La norma penal advierte que si se encuentran nuevos elementos, el fiscal puede solicitar su reapertura “siempre que no esté prescrita la acción”. El delito que se analizó en ese momento fue delincuencia organizada y, según el artículo 75 del COIP, no habría prescrito.
La fiscal que manejó el caso fue Thania Moreno. En el tiempo que duró la investigación solicitó asistencias penales a siete países: México, Panamá, Singapur, España, Estados Unidos, Colombia y Brasil.
A este último acudió una comitiva de fiscales, quienes se entrevistaron con personal de la Procuraduría de esa nación.
Los investigadores recordaron ayer que la respuesta que recibieron fue que los datos sobre el esquema de corrupción de Odebrecht ya habían sido enviados al Ecuador. Esto se produjo tras un acuerdo de cooperación firmado en junio del 2017, por el entonces fiscal general Carlos Baca Mancheno.
La investigación del ICIJ sostiene que en esa documentación no constaba información del Metro de Quito, pues Odebrecht los borró antes de la colaboración judicial.
En el expediente sobre este tema, la fiscal Moreno pidió una certificación al fiscal Baca, en la que se detalle si dentro del material enviado por Brasil existía alguna referencia sobre el Metro de Quito, ya sea un dato, una versión, un correo electrónico o cualquier documento.
Baca le informó por escrito que en esos archivos no había menciones sobre la obra.
A partir de ese momento, Moreno siguió otra pista. Investigó un viaje que Mauricio Rodas realizó a Brasil el 15 de marzo del 2014, antes de posesionarse como Alcalde. En la investigación se determinó que visitó Curitiba y se reunió con el alcalde de esa ciudad. El encuentro tuvo como objetivo obtener datos sobre el sistema de transporte de esa urbe.
Quienes rastrearon esa visita dicen que les llamó la atención que el viaje de Rodas, junto con otras tres personas, costó alrededor de USD 20 000. Este monto no fue cancelado por él sino por el exconcejal de Ambato Jacobo Sanmiguel. Él se refiere a este viaje en una versión que de forma voluntaria entregó a la Fiscalía. “De mi voluntad he pagado los pasajes y he pagado el hotel de las cuatro personas. Pagué con tarjeta de crédito y diferí a 12 meses no recuerdo el valor pero fue más de USD 20 000”, dijo a las autoridades.
Rodas y Sanmiguel negaron que detrás de sus actuaciones haya existido algo irregular.
La Fiscalía no encontró más pistas y dio paso al archivo del proceso, aunque antes de hacerlo tomó versiones a por lo menos 60 personas, entre concejales y funcionarios del Metro de Quito. Hasta ayer no se sabía si se reabrirá el caso.