22 de julio de 2020 00:00

Fiscalía: Mendoza y Azuero dirigieron una red delictiva

El viernes se desarrolló la audiencia judicial para vincular a Eliseo Azuero. Foto: Archivo / EL COMERCIO

El viernes se desarrolló la audiencia judicial para vincular a Eliseo Azuero. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Diego Puente

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Los agentes intervinieron llamadas telefónicas, cotejaron audios y analizaron archivos digitales. Esas operaciones, cuyos resultados ahora están judicializados, dejaron ver una supuesta red delictiva que aparentemente desvió los fondos económicos para la construcción del Hospital de Pedernales.

Este Diario accedió al acta de la audiencia en la que fue vinculado el legislador de Sucumbíos, Eliseo Azuero.

Se trata de un documento de 53 páginas en el que la Fiscalía General señala a él y al exparlamentario Daniel Mendoza como personas que tuvieron un “rol de dirección” dentro de una estructura que se habría beneficiado de dineros públicos.

Con base en los indicios recopilados por los investigadores, la Fiscalía señala que Azuero tenía injerencia en la función Ejecutiva y en la Asamblea Nacional, a través de procesos de fiscalización que estaban en marcha.

En el expediente se dice que incluso influyó para que René Tamayo fuera designado director del Servicio de Contratación de Obras (Secob). Hoy, él también está preso y acusado de supuestamente entregar la construcción de la casa de salud al Consorcio Pedernales, pese a que habría incumplido con los requisitos para poder participar de la licitación.

Durante la audiencia de vinculación, la Fiscal señaló que entre Azuero y Tamayo había una relación de más de tres décadas. En el expediente reposan, por ejemplo, las copias de las aportaciones solicitadas al IESS.

Ahí se observa que Tamayo trabajó para el Consejo Provincial de Sucumbíos desde octubre de 1992 hasta junio del 2000. Ese período coincide con el ejercicio en el que Azuero se desempeñó como titular de la Prefectura, antes de que renunciara y se postulara para diputado del Congreso de esa época.

Según las investigaciones, Tamayo puso a Jorge Jalil, actualmente prófugo, como director regional del Secob.

Él suscribió el contrato para la construcción de la casa de salud con el procurador del Consorcio, José Leonardo Véliz, quien también guarda prisión preventiva.

En el expediente consta una conversación en la que señala que Véliz ha retirado 10 cheques por un monto de USD 400 000, para presuntamente entregar a Mendoza.

Los análisis realizados a una computadora del Consorcio además muestran una transferencia a una cuenta particular de USD 5 millones del anticipo para construir el hospital de Pedernales.

“Así se van entrelazando las actividades de cada uno de los vinculados en sus calidades de autores o cómplices”, señala la Fiscalía.

El abogado de Azuero, Jorge Ortega, indica que la relación entre su defendido y Tamayo fue únicamente laboral, en los años en que coincidieron en la Prefectura.

Además, indica que la Fiscalía no tiene pruebas que vinculen a su cliente con una supuesta estructura criminal y “peor aún de que sea líder de este grupo”.

Otro insumo que usó Fiscalía para la vinculación de Azuero en el caso fue una serie de diálogos que habría mantenido con Mendoza a través de llamadas. En una de esas comunicaciones, este último le dice que Jalil hablaba en su nombre.

En respuesta, el legislador de Sucumbíos responde que deben salvarlo “por cualquier cosa”. Luego, Mendoza le pide acordarse de cómo Tamayo llegó al puesto.

“Tenían que proteger a los funcionarios del Secob para que ellos después no vayan a hablar e indiquen quiénes eran los líderes de esta organización”, indica la Fiscalía.

Las conversaciones tratan diferentes tópicos. Hablan de supuestas amenazas de muerte, de un “reparto” dentro de la Asamblea. Ahí se escuchan los nombres María Paula, César, Meche, Tello, Wacho, César o Franco.

Mañana 23 de abril del 2020, los legisladores Franco Romero, Freddy Alarcón, Washington Paredes, Rosa Verdezoto y Raúl Tello deberán dar su versión libre desde las 09:00.

Tello confirmó que esta diligencia se inició tras las conversaciones de audio entre dos procesados.

El viernes (24 de julio) deberán acudir el presidente de la Asamblea, César Litardo, los legisladores María Mercedes Cuesta y Fernando Burbano, y la ministra María Paula Romo. “Daré toda mi colaboración para que se sancione a los corruptos”, dijo la funcionaria.

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