El miércoles 17 de octubre del 2018 fueron detenidos militares presuntamente relacionados con entrega de armas a alias ‘Guacho’. Foto: Archivo / El Comercio
La mañana de este martes 27 de noviembre del 2018, en la Fiscalía General del Estado, en Quito, llegaron 13 personas, entre ellos siete militares y seis civiles para rendir sus versiones.
Estas personas están procesadas por supuesto tráfico de armas y municiones para alias ‘Guacho’, disidente de las FARC y responsable del secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, miembros del equipo periodístico de Diario El Comercio. Además de Katy Velasco y Óscar Villacís quienes también fueron asesinados en la frontera norte.
A las 08:24 entraron en un vehículo a la Fiscalía por la puerta trasera los tres primeros procesados, resguardados por 13 uniformados de Grupos Especiales de la Policía y agentes penitenciarios. Alrededor de media hora se demoró la versión de cada uno. A las 10:15 llegaron cinco procesados más a esta entidad a rendir versiones.
Está previsto que estas diligencias duren hasta las 17:00. El fiscal a cargo de tomar las versiones es Álvaro Gaibor. El pasado 21 de noviembre, la Fiscalía citó a cinco oficiales del Ejército para que igual proporcionen sus versiones dentro del caso. Ellos eran jefes en las unidades militares en donde fueron detenidos los seis uniformados.
Los militares y civiles fueron detenidos el 17 de octubre. Desde ese momento fueron recluidos en la Cárcel de Latacunga.
En las inmediaciones de la Fiscalía también estuvieron los familiares del periodista Javier Ortega y Paúl Rivas. La fiscal Ruth Palacios les citó para escuchar pedidos de los familiares sobre la forma en cómo se ha manejado la investigación del secuestro del equipo periodístico, ocurrido el 26 de marzo en Mataje, frontera norte. Yadira Aguagallo, pareja de Paúl Rivas, dijo que se pidió a la fiscal que la investigación no se centre solo en descubrir a los autores materiales e intelectuales del asesinato, sino también que se indague posibles omisiones y responsabilidades de autoridades estatales dentro del caso.