3 de diciembre de 2018 08:16

Fiscalía confirma apertura de una investigación al Contralor del Estado y al exfiscal general

La Fiscalía investigará al contralor, Pablo Celi, y al fiscal General de la Nación, Paúl Pérez Reina. Fotos: Archivo/ EL COMERCIO

La Fiscalía investigará al contralor, Pablo Celi, y al exfiscal General de la Nación, Paúl Pérez Reina. Fotos: Archivo/ EL COMERCIO

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Redacción Seguridad

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El Contralor subrogante, Pablo Celi; y el exfiscal general, Paúl Pérez Reina, serán investigados por la Fiscalía debido a una denuncia por un supuesto delito de usurpación de funciones. Así lo confirmó la Fiscalía este 2 de diciembre del 2018.

En un documento judicial se señala que el ciudadano José Regato Cordero denunció que las designaciones de ambos funcionarios “no cumplieron con los requerimientos constitucionales establecidos para ello”.

La fiscal general del Estado encargada, Ruth Palacios, dio inicio a la fase pre procesal de investigación previa, a fin de investigar la denuncia, y notificó a Celi y Pérez para que puedan ejercer su derecho a la defensa.

Asimismo, la Fiscal fijó el 5 de diciembre del 2018, a las 09:00, para que el denunciante José Regato Cordero comparezca en la Fiscalía “advertido sobre las responsabilidades originadas en la presentación de la denuncia temeraria o maliciosa”, y reconozca su firma y rúbrica.

Personal de la Contraloría General del Estado indicó que no darán un pronunciamiento hasta confirmar si la notificación de Fiscalía está en la ventanilla de esta entidad. Sin embargo, aseguran que la designación de Celi está amparada en el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado donde dice que “(…) el Subcontralor General del Estado subrogará al Contralor General en caso de ausencia temporal o definitiva, hasta la designación del nuevo titular”.

En cambio, personal que trabajó con Pérez Reina ha manifestado que la apertura de la investigación estaría acorde con los procedimientos normales que debe tomar la Fiscalía, cuando existe una denuncia. “Es una denuncia sin sentido y, claro, la Fiscalía frente a una denuncia (fundada o infundada) debe abrir una indagación previa es parte del procedimiento”, señalaron.

En el artículo 200 del Código Penal se dice que la usurpación es castigada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años.

En el documento judicial, la fiscal general encargada, Ruth Palacios, solicita al Consejo de Partición Ciudadana y Control Social transitorio, que remita copias certificadas de la resolución mediante la cual se designó a Paúl Pérez Reina como fiscal general de Estado encargado. Además, debe remitir un informe respecto al sustento legal, de selección y aprobación que concluyó en esa designación.

A la Contraloría, en cambio, la Fiscalía solicita copias certificadas “de las Acciones de Personal del señor Pablo Celi De La Torre, con las que se acredite sus designaciones como Subcontralor General y como Contralor General Subrogante”.

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