Fiscalía abre investigación contra consejeros de mayoría del CNE por inscripción de movimiento Amigo

La Fiscalía investiga la inscripción del movimiento Amigo, que supuestamente tuvo vínculos con el exlegislador Daniel Mendoza, actualmente procesado por delincuencia organizada. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.

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Andrés García

Cuando restan cinco meses y 10 días para las elecciones generales del 2021, las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) se enfrentan a un nuevo proceso legal. La Fiscal General del Estado, Diana Salazar, inició una investigación previa en contra de Diana Atamaint, José Cabrera y Esthela Acero, integrantes del bloque de mayoría del organismo, por la inscripción del movimiento Amigo.

El proceso se abrió este miércoles 26 de agosto del 2020. La Fiscalía investiga la inscripción del movimiento Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (Amigo), que supuestamente tuvo vínculos con el exlegislador Daniel Mendoza, actualmente procesado por delincuencia organizada.

Salazar notificó el proceso a la unidad de fuero de la Corte Nacional de Justicia para empezar las diligencias. Además, se estableció la fecha para que tres funcionarios a cargo de direcciones del CNE rindan su versión.

Con los votos de Atamaint, Cabrera y Acero se aprobó la inscripción de Amigo el 3 de febrero del 2020. La organización incluso ya eligió su binomio presidencial para participar en las elecciones del próximo año.

Atamaint, durante una comparecencia en la Asamblea Nacional, dijo que se trata de movimientos diferentes, pues Mendoza es presidente del movimiento Mejor, con ámbito de acción en Manabí, mientras que Amigo es una organización de carácter nacional.

Fausto Lupera, exintegrante del Parlamento Andino, ingresó la denuncia contra los tres consejeros de mayoría del CNE. El Código de la Democracia, en su artículo 19, establece que los integrantes del CNE mientras ejercen sus funciones “no podrán ser privados de su libertad ni procesados penalmente, salvo los casos de delito flagrante, delitos sexuales, y de violencia de género sin autorización del pleno del Consejo Nacional Electoral o del Tribunal Contencioso Electoral, por requerimiento de la Sala correspondiente de la Corte Nacional de Justicia de cuyo fuero gozan”.

Además de este proceso, la Fiscalía investiga a Atamaint y Acero por el supuesto delito de tráfico de influencias por la contratación de Luis Loyo, quien se desempeñó como Director de Procesos Electorales y se declaró culpable de tráfico de influencias en un proceso abreviado.