12 de noviembre de 2019 00:00

La Fiscalía investiga 17 delitos penales tras manifestaciones

En el Centro de Quito se produjeron manifestaciones violentas debido a la aplicación del Decreto 883. Foto: Archivo / EL COMERCIO

En el Centro de Quito se produjeron manifestaciones violentas debido a la aplicación del Decreto 883. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Redacción Seguridad

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Las investigaciones de Fiscalía apuntan a 312 personas luego de las manifestaciones de octubre.

Hay 17 tipos penales. Los más comunes son de ataque o resistencia y robo, con 63 expedientes abiertos cada uno.

Guayas y Los Ríos concentran la mayor cantidad de casos por robo. El 8 de octubre, por ejemplo, al menos tres negocios que funcionaban en estaciones de servicio de Durán (Guayas) amanecieron con sus vidrios quebrados, alimentos en el piso y escombros. La noche anterior, se observó en videos de seguridad, cómo grupos violentos ingresaron a tomar la mercadería. En Guayaquil hubo saqueos.

En cambio, por el delito de ataque o resistencia se investiga a 63 personas en ocho provincias, la mayoría en Loja.

Este delito se configura cuanto una persona ataca o se resiste con violencia o amenazas a empleados públicos o policías. La pena puede llegar hasta los siete años si los uniformados o funcionarios resultan lesionados luego de los enfrentamientos. Es uno de los delitos por los que se acusa a quienes participaron y fueron detenidos en las calles, durante las protestas.

Dentro de los tipos penales por los que acusa la Fiscalía, el de terrorismo es el más grave por la cantidad de años en prisión que se establecen en el Código Penal. En el artículo 366 se castiga con hasta 13 años a quienes provoquen o mantengan en un estado de terror a la población.

En total, hay 38 acusados con esta figura penal. 37 de estos procesos se ventilan en Pichincha. La mayoría por el incendio al edificio de la Contraloría General del Estado.

#En este grupo hay seis adolescentes que son investigados, pero que recuperaron su libertad debido a una acción de habeas corpus. Por la destrucción del edificio, la Contraloría presentó dos denuncias particulares para que se identifique a los agresores.

La Fiscalía también evacúa denuncias particulares presentadas en contra del presidente de la Conaie, Jaime Vargas. Alberto Dahik, exvicepresidente de Ecuador, lo acusó por pedir el cierre de válvulas por donde pasa el crudo.

Las otras cuatro quejas judiciales las presentaron el activista Carlos Coloma por delito de odio; la Policía Nacional por secuestro; el ciudadano Marcelo Gallo por sabotaje y rebelión; y la propia Fiscalía por supuesta promoción de grupos subversivos.

Algunos casos abiertos en las manifestaciones tienen sentencia. El viernes último, se condenó a nueve personas, incluido el asambleísta Yofre Poma, que el 7 de octubre fueron capturadas luego de la toma de un pozo petrolero.

Por su parte, organizaciones de derechos humanos buscan claridad en las investigaciones y también exigen justicia en el caso de los civiles heridos y asesinados en las jornadas de octubre. Ayer 11 de noviembre del 2019, la Alianza de DD.HH. presentó en la Asamblea un informe en el que se observan supuestas vulneraciones del Estado.

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