10 de enero de 2019 00:00

Fiscalía abrió dos indagaciones contra una empresa china

El ingreso principal de la empresa hay dos sellos de clausura colocados por la Senae.

El ingreso principal de la empresa hay dos sellos de clausura colocados por la Senae. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

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Redacción Guayaquil
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La empresa se ubica a unos 400 metros de la vía Milagro-Naranjito. El techo azul, que cubre la estructura, luce imponente en un entorno de plantaciones de banano. Para llegar hay que abandonar la carretera asfaltada y tomar una de ripio.

La Acería Xin Long S.A. está ubicada en la parroquia Roberto Astudillo, a 16 minutos de la cabecera cantonal de Milagro, en Guayas. Tiene sellos de clausura desde el 28 de diciembre del 2018. Dos vehículos y elementos de la Aduana están en la parte externa, custodian que no se rompan los sellos colocados tras un allanamiento.

La fiscal General, Ruth Palacios, informó que sobre esta empresa están abiertas dos indagaciones por lavado de activos y asociación ilícita. Pero no descarta la suma de otros delitos como los aduaneros y testaferrismo.

“Iniciamos por lavado de activos y estamos completando algunos datos para iniciar con los otros delitos, que se presumen como los aduaneros”, dijo en una rueda de prensa, en las oficinas fiscales en Milagro.

Palacios agregó que la compañía no contaba con permisos de funcionamiento, ambientales y uso de suelo.

El Servicio Nacional de Aduanas (Senae) denunció ala empresa por supuesto lavado de activos y defraudación aduanera. La directora, María Alejandra Muñoz, dijo que en el allanamiento se incautó provisionalmente de maquinaria por defraudación aduanera.

Según la Senae, se trajeron equipos e insumos valorados en USD 30 millones y se los declaró por 413 000. También se hallaron USD 116 820 escondidos en caletas. Además, documentos que supuestamente probarían una evasión fiscal de los accionistas que registraron ingresos por más de USD 8 millones, pero las declaraciones suman 3 millones.

La empresa también es señalada por supuesta precarización laboral, contaminación ambiental y evasión fiscal.

Según el Gobierno, la compañía estaría vinculada a exfuncionarios del régimen pasado, entre ellos a Jorge Glas y su tío Ricardo Rivera. Además se mencionó al empresario Tomislav Topic.

La fiscal señaló que se está indagando. “Se hace una investigación objetiva como establece la Ley y si ese resultado se desprende, se procederá...”.

El pasado miércoles 9 de enero de 2019, Iván Granda, subsecretario de Acción Política de la Presidencia, reiteró que “hay presunciones, indicios, elementos de convicción y conductas relacionales que la Fiscalía investiga y será la encargada de determinar la relación con los exfuncionarios”.

En Guayaquil, los representantes de la empresa negaron esa relación y pidieron que se cumpla el debido proceso y el derecho a la defensa. En la rueda de prensa estuvieron los abogados Jorge Mayorga y Vicente Egas; Karina Molina, gerenta financiera; y Yao Yen Sui, representante legal.

Mayorga rechazó que tenga vinculación a casos de corrupción “Glas-Rivera”. Egas dijo que la firma “no está vinculada a funcionarios del Gobierno anterior directa ni indirectamente ni como proveedor ni ninguna relación contractual”.

Según el Senae, la empresa se constituyó en el 2014, pero recién registró movimientos económicos desde el 2017. La empresa señaló que en esos años no ha estado en producción, ya que recién el 17 de octubre del 2018 el Municipio le dio el permiso de uso de suelo.

El Cabildo informó que detectó que la construcción se estaba realizando sin los permisos respectivos y clausuró la obra y multó a la empresa con USD 80 000. Luego presentó la autorización del cambio de uso de suelo del Ministerio de Agricultura y la Prefectura y otorgó el permiso.

Ese cambio de uso de suelo provocó la denuncia de la Junta Parroquial de Roberto Astudillo. Melissa Freira, exvocal de la localidad, cuestionó el informe favorable de Agricultura, pese a que había sido negado en dos ocasiones previas.

Mientras, Eduardo Franco, abogado de Glas, aseguró ayer que su defendido está dispuesto a abrir sus cuentas para desestimar su vinculación.

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