4 de diciembre de 2018 00:00

Indagación a Paúl Pérez y Pablo Celi ‘no es persecución’

La fiscal general encargada, Ruth Palacios, asistió ayer a una diligencia judicial en la Corte Nacional de Justicia. Foto: EL COMERCIO

La fiscal general encargada, Ruth Palacios, asistió ayer a una diligencia judicial en la Corte Nacional de Justicia. Foto: EL COMERCIO

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Redacción Seguridad

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Un día después de que se conociera la investigación en contra del exfiscal general Paúl Pérez y del contralor Pablo Celi, la fiscal encargada, Ruth Palacios, defendió la indagación y aseguró que no existe persecución. “No todo lo que hace Fiscalía hay que satanizarlo”.

En este proceso, Fiscalía convocó para mañana a José Regato Cordero, quien denunció a ambos funcionarios por una supuesta usurpación de funciones. A las 09:00 deberá reconocer firma y rúbrica de la denuncia. A las 10:00, en cambio, deberá entregar su versión en la Fiscalía, en Quito.

La Contraloría y la Fiscalía también deberán entregar hasta hoy información sobre la designación de Celi y de Pérez.

“Soy fiscal de carrera, llevo 12 años en la institución, por lo que a mí no se me nombró en la década pasada. No tengo afinidad con nadie ni compromiso con nadie”, dijo Palacios.

Este Diario habló ayer con Celi y pidió que toda entrevista se canalizara con su departamento de prensa. Paúl Pérez, en cambio, contestó el celular y al escuchar la pregunta colgó y no volvió a responder.

El personal de la Contraloría aseguró que la designación de Celi está amparada en el art. 33 de la Ley de la Contraloría, donde dice que “(…) el Subcontralor subrogará al Contralor en caso de ausencia temporal o definitiva, hasta la designación del nuevo titular”.

La denuncia contra los dos fue presentada en septiembre pasado y el 28 de noviembre fueron notificados oficialmente del expediente abierto.

En la Fiscalía General hay más casos que debe tratar Palacios, quien hace 14 días fue posesionada por el Consejo de Participación Ciudadana.

Información a la que accedió este Diario muestra que entre el 1 de julio del 2017 y ayer, la Contraloría ha remitido a la Fiscalía 336 casos en los que se señalan indicios penales.

Allí aparecen casos que involucran al expresidente Rafael Correa, al exvicepresidente Jorge Glas, a Vinicio Alvarado y a la exministra María Ángeles Duarte.

Pero también tiene otras denuncias en las que se señala al presidente de la Asamblea, José Serrano; al exsecretario jurídico de la Presidencia Alexis Mera; a los exfiscales Galo Chiriboga y Carlos Baca.

La fiscal Palacios indicó que toda investigación que se realice tiene dos propósitos: reunir elementos para proceder al archivo o reunir elementos para formular cargos. Por eso, en el caso de Celi y Pérez advirtió que se practicarán diligencias, y si no hay “sustento se archivará” el caso. Si existieran pistas “se abrirá la instrucción”.

Jorge Rodríguez, coordinador de la Comisión Anticorrupción, asegura que la denuncia en contra del exfiscal y del contralor obedece a un “manejo político” e indica que la Fiscal General debe dar trámite y luego “desecharla inmediatamente”, por no tener “fundamento jurídico”.

Desde el 2015, esta Comisión ha presentado 17 denuncias ante la Fiscalía. Una parte fue llevada a Pérez y ahora está en manos de Ruth Palacios.
César Montúfar, que también presentó denuncias en contra de Correa asegura que la indagación en contra de Celi y de Pérez es un plan correísta.

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