9 de noviembre de 2019 00:00

Fiscalía: Virgilio Hernández daba órdenes para vandalismo

Virgilio Hernández (derecha) se presentó en la audiencia del martes y fue detenido posteriormente. Foto: EL COMERCIO

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Sara Ortiz

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Las conversaciones telefónicas interceptadas al exasambleísta Virgilio Hernández aparentemente muestran sus operaciones durante las manifestaciones de octubre.

Esos diálogos forman parte de las evidencias, y la Fiscalía los analiza en el caso de rebelión por el que están presos el exlegislador, la prefecta de Pichincha Paola Pabón y otra persona cercana a ellos.

Para Alberto Santillán, fiscal de Pichincha, a través de las conversaciones “se observa que él emitía órdenes con la finalidad de mantener a su personal en las calles protagonizando actos vandálicos”.

Una de estas llamadas se produjo a las 14:52 del 8 de octubre. Otra ocurrió a las 17:23 del día siguiente. Hay otras dos interceptaciones sin fechas.

Allí hablan de la toma de la Asamblea Nacional, de reuniones en la Prefectura de Pichincha, de la necesidad de que todos “se paren”, de que supuestamente el presidente Lenín Moreno se encontraba en el cuartel militar de la Balvina, en las afueras de Quito.

Desde la tarde del 9 de octubre, un grupo de manifestantes llegó a ese recinto de las Fuerzas Armadas. Las tensiones se agudizaron en la noche. A las 22:00, un grupo atacó el lugar e intentó ingresar a la fuerza.

En otra llamada, Hernández habla con un hombre que supuestamente se encontraba en Pedernales (provincia de Manabí). Esa persona le pregunta cómo está y él responde que se encontraba en Quito y que las protestas aquí están fuertes. Le pide que “la gente de todo lado se pare bien” y el interlocutor le responde que “la gente está reunida, esperando noticias”.

El fiscal Santillán dijo que a través de las llamadas telefónicas se revela que existió financiamiento y adiestramiento de personal. “Se les dio dinero para alimentación, para construcción de escudos, para que puedan comprar cualquier tipo de artefactos con la finalidad de realizar este tipo de acciones vandálicas”.

Para Ramiro Aguilar, abogado del exasambleísta, la Fiscalía no tiene “absolutamente ninguna prueba sobre la existencia de grupos armados, de grupos subversivos, de armas”.

Agregó que Hernández, Pabón y los demás procesados por este caso son presos políticos, y que su cliente se encuentra preso “simplemente por opiniones” en Twitter y por sus conversaciones.

La Fiscalía recuperó un mensaje que el exlegislador publicó en esa red social, en donde dijo lo siguiente: “Nosotros nos sumamos y convocamos a la resistencia generalizada en todo el país, en las provincias se están organizando para tener protestas, vamos a ser muy claros en esto, el Gobierno tiene la disyuntiva de que cae el paquetazo o se cae él”.

Otra evidencia que tiene la Fiscalía es la versión de un funcionario de la Prefectura de Pichincha. El testigo narró que vio a Hernández, a la expresidenta de la Asamblea Gabriela Rivadeneira y al expresidente del Consejo de Participación Ciudadana José Tuárez ingresar al edificio de la Prefectura de Pichincha en los días en que se desarrolló el paro.

“Primero entraban por la planta baja, pero luego empezaron a ingresar por el parqueadero”. El testigo detalló que el 2 de octubre sí observó a Hernández en ese lugar.

Este mismo testigo contó en la Fiscalía que Pabón, poco después de posesionarse en el cargo, ordenó que se deshabilitara el sistema de cámaras de seguridad instalados en el piso 21, en donde queda su despacho, y que por esa razón no existen videos de las personas con las que se reunía.

Entre tanto, en el caso del incendio de la Contraloría hay 14 personas que tienen prisión preventiva. Ellas apelaron la medida y esperan salir libres.

La audiencia estaba prevista para hoy, pero se cambió para el 16 de noviembre por pedido de los abogados de la Contraloría. Los procesados son investigados por presunto terrorismo.

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