Fiscalía dice que Linda Guamán y Ximena Abarca son coautoras de peculado en el caso de las pruebas covid-19 para Quito

Este 26 de abril del 2021 se realizó la audiencia preparatoria de juicio en el caso pruebas covid-19 para Quito. Foto: Twitter Fiscalía

Este 26 de abril del 2021 se realizó la audiencia preparatoria de juicio en el caso pruebas covid-19 para Quito. Foto: Twitter Fiscalía

Este 26 de abril del 2021 se realizó la audiencia preparatoria de juicio en el caso pruebas covid-19 para Quito. Foto: Twitter Fiscalía

En el primer día de la audiencia preparatoria de juicio en el caso pruebas covid-19, la Fiscalía emitió este lunes 26 de abril del 2021 dictámenes acusatorios en contra de 11 de los 14 procesados por el presunto delito de peculado. Este martes 27 presentará el anuncio de las pruebas en contra de los otros tres sospechosos.

El fiscal de Pichincha, Alberto Santillán, señaló al alcalde de Quito, Jorge Yundacomo autor mediato del delito de peculado. Ahí señaló que el Burgomaestre tuvo conocimiento del proceso de contratación y preparó “las condiciones esenciales” para que el secretario de Salud de entonces, Lenín Mantilla, suscribiera un contrato por USD 4,2 millones para la adquisición de reactivos PCR al eliminar los techos máximos de contratación establecidos con anterioridad para las entidades públicas cuyo monto era de USD 2,9 millones.

Además, señaló que, mediante comunicación directa con la actual secretaria de Salud, Ximena Abarca y la coordinadora técnica de la Secretaría, Linda Guamán, conoció que las pruebas entregadas por la empresa contratista no eran PCR sino RT Lamp y que “no cumplían con las especificaciones técnicas determinadas en el contrato”.

Según la Fiscalía, el Alcalde habría dispuesto que la marca de las pruebas sea validada buscando “distintos laboratorios públicos y privados con lo cual se habría querido convencer de que eran idóneas para usarlas durante la pandemia”. Además, dijo Santillán, por una disposición suya, la secretaria de Salud habría cambiado la forma en cómo terminar el contrato de manera unilateral, como correspondía, a la culminación por mutuo acuerdo.

Para el abogado de Yunda, Juan Pablo Albán, la Fiscalía no ha introducido “nada nuevo respecto a lo que planteó en la audiencia de vinculación celebrada el pasado 16 de febrero”.

La defensa indicó que los señalamientos como declarar la emergencia en la ciudad, delegar a la Secretaría de Salud los procesos de adquisición de bienes y servicios y suprimir techos de gastos por la situación emergente por la pandemia no constituyen el delito de peculado. “Seguimos sin entender cuál es el fundamento para el señalamiento de autoría de ese presunto delito”, indicó.

Sobre el anuncio de las pruebas en contra de Ximena Abarca, el fiscal la señaló como coautora de peculado.

Dijo que ella habría “ejecutado acciones respecto a la permanencia en vigencia del contrato suscrito” con empresa contratista, pese a haber tenido conocimiento de que las pruebas entregadas al Municipio no eran las determinadas en el convenio.

También habría cumplido las disposiciones emitidas por el Alcalde respecto a la validación de las pruebas covid-19 con el objetivo de seguir usándolas.

El dictamen acusatorio en contra de Abarca también se dio porque Fiscalía señala inconsistencias con la terminación del contrato con la empresa contratista.

Las pesquisas indican que debía ser de manera unilateral, y no por común acuerdo.

El abogado de la Secretaria de Salud, Nicolás Salas, insistió en la inocencia de su clienta. Sobre la terminación del contrato recordó que existe una norma expresa en la Ley Humanitaria (disposición transitoria décimo novena) que impide terminar esos convenios cuando existan valores pendientes de pago, como era este caso.

Al finalizar la jornada de hoy, Santillán también señaló como coautora del presunto delito de peculado a Linda Guamán, asesora técnica de la Secretaría. Esto, porque considera que ella sabía que las pruebas no eran PCR sino Lamp y que tenían baja sensibilidad.

La Fiscalía sostuvo que pese a conocer esta información habría ejecutado las disposiciones del Alcalde y buscado validar dichos reactivos a través de varias instituciones.

María Dolores Miño indicó a este Diario que su defendida no es culpable de estos señalamientos y recordó que su cliente no estuvo a cargo de la fase precontractual, contractual y no tenía competencias en la terminación del contrato.

El dictamen acusatorio también es contra Lenín Mantilla como presunto autor directo del delito de peculado. Él fue quien firmó el contrato y hoy se encuentra prófugo.

También señaló como coautores al exdirector metropolitano de Gestión de la Secretaría de Salud, al presidente de la comisión técnica de la Secretaría de Salud, a uno de los miembros de esa comisión, a dos funcionarios a cargo del informe de necesidad, mercado y especificaciones técnicas del contrato y a representante de la compañía.