7 de enero de 2019 00:00

La Fiscalía General está saturada de denuncias

La fiscal General (e), Ruth Palacios, admitió que la entidad no tiene suficientes agentes para evacuar las denuncias. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

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Redacción Seguridad
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La selección del Fiscal General del Estado entra en una nueva fase. Entre hoy, 7 de enero y el viernes 11, en el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) se revisarán los datos de 29 postulantes, cuyas carpetas ingresaron hasta el viernes pasado.

Un grupo revisará que los aspirantes cuenten, por ejemplo, con el título de tercer nivel en Derecho y hayan ejercido la profesión de abogado por un mínimo de 10 años.

Tras esa etapa, una Comisión Ciudadana del Consejo entregará un informe y detallará si los postulantes están habilitados para ejercer o no el cargo de Fiscal. El Cpccs calcula que el titular será seleccionado hasta finales de febrero.

El nuevo funcionario deberá resolver al menos 900 denuncias de corrupción que solo el año pasado ingresaron a la Fiscalía General. La entidad está desbordada, pues apenas tiene seis fiscales para resolver estos casos, en los que aparecen funcionarios o exfuncionarios con fuero de Corte Nacional.

En la entidad reposan denuncias contra el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas, los exfuncionarios correístas Fernando Alvarado, José Serrano, Alexis Mera, Walter Solís, entre otros.

En la lista también aparecen los exfiscales Carlos Baca y Galo Chiriboga. Por falta de investigadores, la mayoría de casos permanece en indagación previa, es decir, bajo reserva.

María Arboleda, exsecretaria de Lucha contra la Corrupción del Cpccs, dijo que ha presentado ocho denuncias y que solo dos pasaron la fase reservada de investigación. El resto permanece “estancado”.

La denuncia más reciente que ingresó es la presentada por Juan Sebastián Roldán, secretario particular del presidente Lenín Moreno.

Esta diligencia se cumplió después de que el pasado miércoles, el Jefe de Estado pidiera que se investigue el supuesto sobreprecio en cinco proyectos petroleros ejecutados en el mandato de Correa.

El Gobierno asegura haber presentado más de 500 denuncias de corrupción del Régimen anterior. Además, la Contraloría dice que existen 317 exfuncionarios con indicios de responsabilidad penal.

“Todos estos casos ya reposan en la Fiscalía General del Estado”, indicó el Presidente y exhortó al sistema judicial para no permitir más impunidad y que los “cinco casos entregados sean investigados hasta dar con los responsables y culpables”.

Wilson Vallejo, contralor subrogante, señaló el viernes último que efectivamente la entidad de control ha remitido a la Fiscalía informes administrativos, civiles e indicios de responsabilidad penal.

En octubre pasado, tras conocer la fuga del exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado, las funciones del Estado ya exhortaron a la Fiscalía para que impusiera las medidas cautelares ‘más severas’ a personas indagadas por corrupción.

El exasambleísta y acusador particular en el caso Odebrecht, César Montúfar, asegura que no hay avance en una de las denuncias presentadas el pasado 5 de marzo contra Correa, por el delito de delincuencia organizada.

En septiembre se comenzaron a tomar versiones, pero Montúfar sostiene que desde noviembre del año pasado el caso no ha progresado. “Las denuncias de corrupción que tienen que ver con el Gobierno anterior no se investigan”.

La fiscal Ruth Palacios reconoce las “limitaciones” que tiene la entidad. Pero esos inconvenientes no solo están en la Fiscalía General, sino en las Direcciones Provinciales.

El Consejo de la Judicatura anunció un concurso para designar a fiscales, pero en abril del año pasado el Cpccs suspendió el proceso y está paralizado hasta ahora.

La Judicatura planificaba la selección de 400 nuevos fiscales a escala nacional, pero no se concretó. Ecuador tiene 4,8 agentes investigadores por
100 000 habitantes, pero la norma internacional establece que los países deben tener ocho por cada 100 000.

En el área financiera, para este año, el presupuesto para la Fiscalía es de USD 145,4 millones. Hay un aumento de USD 1,1 millones en comparación con el 2018.

Contexto 


A inicios del 2018, la Fiscalía dijo que tenía 156 casos “emblemáticos” sobre delitos y corrupción. La entidad planteó la Ley de Extinción de Dominio para que los bienes obtenidos ilegalmente pasen al Estado. Ahora el proyecto es analizado en la Asamblea.

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