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Fiscalía señala que empresas vinculadas a contratos de la Prefectura del Guayas ‘no existen’

Simpatizantes del prefecto Carlos Luis Morales lo respaldaron el lunes de esta semana. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

Simpatizantes del prefecto Carlos Luis Morales lo respaldaron el lunes de esta semana. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

Simpatizantes del prefecto Carlos Luis Morales lo respaldaron el lunes de esta semana. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

Chongón es una parroquia ubicada a 30 minutos de Guayaquil. Es conocida como una pequeña localidad que se dedica a la agricultura, al comercio y al turismo. Sus habitantes dicen que se conocen entre todos y por eso les resulta extraño que se diga que allí esté asentada una empresa señalada en el caso Carlos Morales.

El nombre de esa compañía empezó a escucharse desde el pasado 31 de mayo. Ese día, agentes de la Fiscalía iniciaron una investigación en contra del Prefecto del Guayas.

Él está procesado por el presunto delito de tráfico de influencias en las adjudicaciones de contratos durante la emergencia sanitaria.

Hoy, la compañía asentada en Chongón es indagada. En el portal de compras públicas se detalla que esta fue contratada por USD 80 000 para procesar datos de las pruebas covid-19.

Los agentes rastrearon la dirección de la empresa e intentaron verificar su existencia.

Los informes de los investigadores advierten que nunca se hallaron las oficinas.

En los números telefónicos que la firma registró en la Superintendencia de Compañías tampoco saben de su existencia. “Equivocado. Aquí no es”, dijo ayer una mujer y colgó.

Quienes aparecían como directivos ahora están prófugos. Los agentes los han rastreado y advierten que sus nombres constan en otras compañías que tienen vínculos comerciales con la esposa y con los hijastros del prefecto Morales.

Ellos también están prófugos. En total, los investigadores han detectado siete empresas relacionadas con los contratos de la Prefectura.

Los informes fiscales revelan que no se pudo constatar la existencia de ninguna. De hecho, en la audiencia de formulación de cargos del Prefecto, el pasado 5 de junio, la Fiscalía dijo que hay “suficientes elementos de la participación de Morales, junto a su familia, en los contratos que ha suscrito con personas naturales o con empresas que no existen”.

La Fiscalía manifestó que se “vulneró todo procedimiento precontractual y contractual para la suscripción” de las adjudicaciones. Por eso aseguró que Morales tuvo una intervención directa en el delito.

Estas acusaciones han sido negadas por la defensa del Prefecto. En la audiencia de formulación de cargos, sus abogados manifestaron que los señalamientos de la Fiscalía se hicieron con base en “chismes de redes sociales” y que se enviaron “informes policiales para reiterar lo que se dice en tuits”.

Además, la defensa indicó que el Prefecto fue quien denunció a los presuntos responsables de esos actos y por eso señaló que colaboraría en el proceso investigativo.

En el acta de la audiencia, a la que tuvo acceso EL COMERCIO, también se detallan los nombres de las empresas que se presume usaron fachadas legales. En esa lista figura un taller de automóviles. Los informes oficiales indican que uno de los accionistas de este negocio sería uno de los hijastros de Morales. Los agentes acudieron a la dirección que la empresa registró en la Superin­tendencia de Compañías y hallaron una bodega.

Los uniformados descubrieron que la infraestructura sería de una mujer asiática.

Algo similar ocurrió cuando fueron a otras dos empresas, que estaban registradas para realizar actividades de importación y exportación.

Según los datos recabados, las dos estaban ubicadas en las ciudadelas Santa Leonor y Huancavilca, junto al Parque Samanes (Guayaquil).

Los agentes aseguran haber recorrido las calles de los sectores mencionados y que los moradores decían “que no conocían esas empresas”.
Los directivos y accionistas también tendrían relación con la familia de Morales.

Por eso, la Fiscalía insiste en que el Prefecto conocía de los contratos y que se aprovechó de su cargo para adjudicar las compras en emergencia.
“Se observa con claridad que en toda esta época de la pandemia el Gobierno Provincial del Guayas ha procedido a adjudicar contratos a personas ligadas a su círculo familiar y también a empresas que no existen”, señalan los agentes.

Actualmente, el proceso judicial está en fase de indagación. Durante esta semana, la Fiscalía recibió las versiones de personas vinculadas al tema. La idea es obtener datos relacionados con los contratos que la Prefectura firmó por más de USD 5 millones en toda la emergencia sanitaria.

Los agentes de la Policía y de la Fiscalía también analizan el contenido de computadoras y celulares que se confiscaron a funcionarios y a los contratistas de la Prefectura.

En los allanamientos además se embargaron insumos médicos, como mascarillas antifluidos y trajes de bioseguridad. Esos equipos son cotejados para determinar si fueron parte de las adquisiciones que la Prefectura ejecutó durante la pandemia del covid-19.