27 de diciembre de 2018 23:52

Fiscalía pide proceso a diputado opositor guatemalteco por fondos electorales

Imagen referencial. En una audiencia de primera declaración contra el legislador, los investigadores de la Fiscalía y la Cicig cambiaron el delito que habían promovido en una fase anterior contra Blanco, cuando perdió la inmunidad por decisión de la Corte

Imagen referencial. En una audiencia de primera declaración contra el legislador, los investigadores de la Fiscalía y la Cicig cambiaron el delito que habían promovido en una fase anterior contra Blanco, cuando perdió la inmunidad por decisión de la Corte Suprema de Justicia. Foto: Pixabay.

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Agencia EFE

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La Fiscalía de Delitos Electorales y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) imputaron hoy al diputado opositor Orlando Blanco, jefe de bloque en el Congreso del partido socialdemócrata Unidad Nacional de la Esperanza, por el delito de fiscalización electoral de fondos.

En una audiencia de primera declaración contra el legislador, los investigadores de la Fiscalía y la Cicig cambiaron el delito que habían promovido en una fase anterior contra Blanco, cuando perdió la inmunidad por decisión de la Corte Suprema de Justicia.

La decisión de modificar la imputación se debió, aseguró la Fiscalía ante el juez Tercero de Primera Instancia Penal, Mynor Moto, a la reforma al delito de financiación electoral ilícita que realizó el Congreso este año al artículo 407 del Código Penal.

En respuesta, el abogado defensor de Blanco, el jurista Eduardo Velásquez, pidió al juzgador "falta de mérito" en la causa, debido a que "la Fiscalía no presentó ninguna autorización que haya firmado Orlando Blanco", en donde ordenara al contador "o cualquier órgano" del partido para que se realizara la supuesta falsificación o haber ocultado los reportes de vuelo de la candidata presidencial en 2015, Sandra Torres.

Sin embargo, la Cicig aseguró que Blanco "impidió al Tribunal Supremo Electoral que realizara su función de fiscalización de fondos privados" otorgados al partido que buscará llegar a la presidencia en 2019 con la misma candidata de las dos elecciones anteriores (2011 y 2015).

Según la Fiscalía, el partido, del que era secretario general Blanco en la campaña electoral de 2015, no reportó el dinero recibido para pagar el uso de un helicóptero para la candidata Torres, que, según la entidad perseguidora, "se realizaron 44 vuelos entre enero y octubre de 2015", lo que tuvo un costo de 860 000 quetzales (USD 111 255).

Moto citó a las partes para el próximo 3 de enero del 2018, cuando dará a conocer la resolución para saber si procesa o no a Blanco, quien acudió a la audiencia por su cuenta, tras haber sido citado por el juez.

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