En la Fiscalía del Guayas se realizó una denuncia por supuesta usurpación de funciones en contra del rector de la Universidad de Guayaquil, Galo Salcedo. Foto: EL COMERCIO
Una denuncia por supuesta usurpación de funciones fue presentada la mañana de este viernes 31 de agosto de 2018 en contra del rector de la Universidad de Guayaquil, Galo Salcedo. La queja fue entregada en la Fiscalía del Guayas y firmada por integrantes de la Comisión Nacional Anticorrupción y miembros del Consejo Universitario del centro de estudios.
La acusación se relaciona con el pedido de suspensión de la Contraloría General del Estado. El organismo de control determinó responsabilidades administrativas de destitución contra Salcedo y el vicerrector de Formación Académica y Profesional, Fernando Sandoya. Ese fue el resultado de un examen especial que detectó irregularidades en la emisión de 28 títulos de abogados.
“El exrector Salcedo tiene derecho a revisión, pero fuera del cargo (…). Todo lo que firme desde el 21 de agosto -cuando recibió la notificación de la Contraloría- es ilegal”, dijo el docente Camilo Morán, delegado de la Facultad de Ciencias Médicas ante del Consejo Universitario del centro de estudios.
La denuncia se sustenta en el artículo 287 de Código Orgánico Integral Penal (COIP) que tipifica la usurpación y simulación de funciones públicas. Indica que “la persona que ejerza funciones públicas sin autorización será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.
Galo Salcedo indicó la semana pasada que seguirá en el rectorado y que a la par ejecutará su defensa particular por las vías administrativa y judicial. En una entrevista del 22 de agosto afirmó que no dejará el cargo porque fue elegido por votación. Y responsabilizó de la emisión de los títulos con inconsistencias a exfuncionarios de la Facultad de Jurisprudencia.
El procurador síndico de la Universidad de Guayaquil, Rommel Martínez, aclaró que la resolución de la Contraloría no se ejecuta mientras esté vigente el plazo de 60 días que dio a las autoridades para interponer recursos.
“Antes de recibir la notificación de la Contraloría, el rector convocó al Consejo Universitario. En una sesión -el lunes 27 de agosto- hizo conocer las resoluciones y el Consejo resolvió el apoyo a la defensa y respetar los plazos y términos establecidos en la normativa legal”, explicó Martínez.
Este viernes la Universidad de Guayaquil recibió también una resolución del Consejo de Educación Superior (CES). El organismo les da cinco días de plazo para informar sobre el cumplimiento de las disposiciones de la Contraloría.
Catalina Vélez, presidenta del CES, explicó que además exhortaron al Consejo Universitario a que actúe de acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) y a su estatuto interno. “El artículo 52 de la LOES y el estatuto de la Universidad de Guayaquil establecen los caminos que se deben seguir para cumplir, normativamente, con los procesos de reemplazo de las autoridades”, indicó Vélez.
Ese artículo habla sobre la subrogación en caso de ausencia temporal o definitiva de autoridades, en ejercicio de la autonomía universitaria. Mientras, el artículo 45 del estatuto de la Universidad dice que la subrogación no podrá ser mayor a 90 días. En caso de ausencia definitiva, “el Consejo Universitario deberá convocar a elecciones en un plazo máximo de 60 días”.