14 de septiembre de 2020  12:42

Fiscalía formulará cargos contra Delfín Quishpe, alcalde de Guamote

El alcalde de Guamote, Delfín Quishpe, no se pronunció sobre el allanamiento al municipio de la ciudad que ocurrió este 4 de junio del 2020. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.

Delfín Quishpe, cantautor ecuatoriano, es alcalde de Guamote, en Chimborazo, desde mayo del 2019. Foto: Archivo El Comercio

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Redacción Elcomercio.com
y Cristina Márquez

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La Fiscalía informó este lunes 14 de septiembre del 2020, que solicitó fecha y hora para formular cargos contra el alcalde de Guamote, Delfín Quishpe, por presunto tráfico de influencias.

De acuerdo con información de la institución, la audiencia se desarrollará a las 11:00 del martes 15 de septiembre en la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo.

Las investigaciones contra el también artista continúan. El 4 de junio último, personal de la Fiscalía y de la Policía Judicial incautó una computadora y documentos del Municipio de Guamote.

Ese día, una veintena de uniformados del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Policía llegaron a la dependencia municipal junto con los investigadores de la Fiscalía, quienes no dieron declaraciones sobre la diligencia legal.

En el Municipio de Guamote, un cantón ubicado al sur de Chimborazo, hubo hermetismo respecto al anuncio de la Fiscalía. “No habrá pronunciamientos hasta después de la audiencia”, dijo Guacho.

Este Diario trató de contactar por vía telefónica al alcalde Quishpe, pero no respondió.

El funcionario será procesado por presunto delito de tráfico de influencias, contemplado en el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Según la normativa, "las o los servidores públicos, y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, enumeradas en la Constitución de la República, prevaliéndose de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica, ejerza influencia en otra u otro servidor para obtener un acto o resolución favorable a sus intereses o de terceros” cumplirán una condena de tres a cinco años de prisión.

En el COIP se precisa que “el máximo de la pena prevista será aplicable cuando las personas descritas en el primer inciso, aprovechándose de la representación popular o del cargo que ejercen, se favorezcan o hayan favorecido a personas naturales o jurídicas para que, en contra de expresas disposiciones legales o reglamentarias, les concedan contratos o permitan la realización de negocios con el Estado o con cualquier otro organismo del sector público”.

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