4 de abril de 2018 00:00

Fiscalía y CNE, primeros evaluados del Cpccs

Julio César Trujillo saluda con los otros consejeros durante la última sesión del Pleno. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Mario Alexis González

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Las autoridades de la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura, el Consejo Nacional Electoral y la Superintendencia de Bancos serán las primeras evaluadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) Transitorio.

Hoy miércoles 4 de abril del 2018, a las 11:00, el Consejo se reunirá para notificar a los primeros funcionarios que se someterán al proceso. Ayer, en horas de la noche, el presidente del Cpccs, Julio César Trujillo, tenía previsto grabar el anuncio, que será reproducido en la sesión de hoy.

La evaluación que tiene a su cargo el Cpccs transitorio es una potestad extraordinaria, que resultó de la aprobación de la consulta popular. No está considerada en ninguna Ley, ni tampoco consta en el presupuesto de la entidad.

Por esta razón, los consejeros aprobaron un mandato propio para esta actividad, con base en el anexo de la pregunta 3 del referendo de febrero pasado. Y, ahora, discuten cuál será el presupuesto que manejarán para aplicarlo.

Ayer martes 3 de abril, los funcionarios tuvieron una reunión reservada en el edificio del Cpccs, en el centro de Quito. Continúan estudiando las alternativas para reducir el costo de los concursos de designación de autoridades, de comisiones ciudadanos y de veedurías. La idea es hacer un solo llamado y tener un banco de personas hábiles.

Además, están haciendo varias diligencias con el Ministerio de Finanzas para “movilizar” algunas partidas presupuestarias. Con el nuevo sistema de concursos, a través del banco de candidatos, proyectan que los procesos de selección sean más baratos. Y se podría optimizar los recursos hacia las evaluaciones.

El consejero Xavier Zavala Egas indicó, tras la reunión de ayer, que para la evaluación de autoridades está en estudio la autogestión, es decir, recurrir a aportes económicos de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) extranjeras, que se han ofrecido a colaborar.

Esta opción se empezó a considerar luego del anuncio del plan económico del presidente Lenín Moreno, que planteó austeridad para reducir el gasto público. “No hay mucho margen financiero. Estamos un tanto apremiados”, dijo.

También se recibirán aportes técnicos internacionales. Equipos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) vendrán al país para acompañar la aplicación de los parámetros de evaluación que diseñaron los consejeros con los insumos y observaciones de dos instancias de este organismo.

La matriz de evaluación está dividida en cinco temas: legitimidad del cargo, cumplimiento de funciones, debida gestión de recursos públicos, transparencia y evaluación ciudadana.

Estos tópicos, a su vez, están divididos en 21 indicadores. Y estos en 50 subcategorías. Entre los ítems considerados están, por ejemplo, las encuestas a ciudadanos y las denuncias que las autoridades han recibido durante su gestión.

La evaluación tendrá tres etapas. La primera será la investigación realizada por los equipos de la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, liderada por María de Lourdes Arboleda.

El Consejo estableció que haya un equipo por cada institución evaluada. Estos estarán conformados por docentes y estudiantes universitarios de los últimos años de carreras afines a la entidad en mención. Por ejemplo, se pedirá apoyo a las facultades de finanzas y administración para evaluar a la Superintendencia de Bancos.

Estas instancias deberán presentar un informe sobre el cumplimiento de los parámetros de la autoridad evaluada. Luego el Pleno citará al funcionario para que se defienda en una audiencia pública: esta será la segunda etapa. Y, al final, los consejeros definirán si el funcionario se mantiene en el cargo o es cesado.
La evaluación durará de cuatro a cinco semanas. Avanzarán con cuatro o cinco autoridades de manera simultánea.

El orden -según Zavala- no se definió por sectores. Sino que se consideraron otros parámetros como las denuncias recientes a las autoridades.

Además, en la cita de hoy los consejeros conocerán un informe jurídico sobre la respuesta que envió, por escrito, Patricio Rivera, titular de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

El Cpccs tendrá que votar para definir si el funcionario continúa en el cargo o si lo cesan definitivamente. Lo señalan por haberse posesionado en el puesto con un retraso de 235 días, según el plazo legal.

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