31 de enero de 2020 11:18

Fiscalía chilena investiga 5 558 víctimas de violaciones a los derechos humanos durante protestas 

Manifestantes se enfrentan con las Fuerzas Especiales de Carabineros este martes, durante otra jornada de protestas, en Santiago (Chile). Foto: EFE

Manifestantes se enfrentan con las Fuerzas Especiales de Carabineros en Santiago, Chile. Foto: EFE

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Agencia EFE

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La Fiscalía Nacional de Chile confirmó este viernes 31 de enero del 2020 que investiga denuncias de 5 558 personas que alegan haber sufrido violaciones a los derechos humanos durante las protestas que se viven en el país, que dejan al menos 27 muertos en más de 100 días desde el inicio de la revuelta social.

Las cifras abarcan el periodo que va desde el inicio de las protestas, el 18 de octubre de 2019, y el 30 de noviembre de ese año, y contabilizan 4 525 víctimas varones y 1 031 mujeres. En términos de edades, 4 719 eran adultos y 834 menores. De algunas personas, no se sabe su sexo ni su edad.

El informe publicado por el Ministerio Público agregó además que de las más de 5 000 víctimas, 4 170 acusaron al cuerpo policial de Carabineros como culpable de la violencia institucional sufrida.

Con respecto al resto de instituciones de seguridad del Estado, el Ejército suma 244 denuncias, la Policía de Investigaciones (PDI) 96, y otras 27 denuncias apuntan a funcionarios de la Armada.

En total, actualmente hay 38 agentes del Estado formalizados por uno o más delitos.

El Ministerio Público indicó en su reporte que investiga 31 muertes en el marco de las protestas, entre el comienzo en octubre y el pasado 28 de enero, y en cuatro casos la muerte es presuntamente atribuible a agentes del Estado.

Otros dos casos se investigan por fallecimientos mientras se encontraban bajo custodia policial en comisarías.

En relación a las causas de las denuncias, 21 de las víctimas acusaron discriminación por pertenecer a diversidades sexuales, 19 por ser identificados como miembros del pueblo originario mapuche y 75 de los afectados son personas extranjeras, en su mayoría ciudadanos colombianos, peruanos y venezolanos.

Las lesiones por arma de fuego afectaron a 1 938 de los denunciantes, de las cuales 285 denunciaron daño ocular. El estatal Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) contabilizó en su último balance de las protestas 405 víctimas con heridas oculares a causa de disparos.

Respecto a los delitos cometidos por agentes del Estado, se investigan 4 158 denuncias por apremios ilegítimos (uso excesivo de la fuerza) cometidos por funcionarios públicos.

Según la información entregada por las víctimas, 192 personas denunciaron haber sufrido desnudamientos, 67 hechos constitutivos de violación o abuso sexual, y 15 amenazas de cometer delitos sexuales en su contra.

Más de la mitad de las víctimas (3 798) indicaron que los hechos ocurrieron en la vía pública, 582 habrían sido perpetrados en comisarías, brigadas policiales o recintos militares, y adicionalmente 72 personas alegaron que incluso sucedieron en el interior de sus domicilios.

El informe agregó que otros 202 casos ocurrieron en el interior de furgones policiales y 79 en locales comerciales.

En la mayoría de los casos las víctimas (2 650) se encontraban en la región Metropolitana, a la que pertenece Santiago de Chile, con la costera región de Valparaíso como segundo lugar geográfico que concentra estos abusos (776), seguida de la sureña región del Biobío (409).

Organismos y organizaciones internacionales como el alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Human Rights Watch o Amnistía Internacional apuntaron directamente a la represión policial de las manifestaciones y movilizaciones sociales contra la desigualdad y el Gobierno de Sebastián Piñera como principales responsables de esos hechos.

Según el Gobierno chileno, al menos 27 personas murieron en el marco de las protestas que cumplen este viernes 15 semanas.

Lo que empezó siendo un llamamiento de los estudiantes a colarse en el metro de Santiago para protestar contra el aumento de la tarifa se convirtió en una revuelta por un modelo económico más justo, que ha dejado también episodios de violencia extrema con saqueos, incendios, barricadas y destrucción de mobiliario público.

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