La Fiscalía pidió a los jueces que el exvicepresidente Jorge Glas, el exministro Carlos Pareja Yannuzzelli y otros cinco procesados sean sentenciados a ocho años de cárcel por el delito de peculado en el caso Singue. Foto: Twitter Corte Nacional
Este 28 de octubre del 2020, durante la audiencia de juicio del caso Singue, la Fiscalía acusó al exvicepresidente Jorge Glas, al exministro Carlos Pareja Yannuzzelli y cinco procesados más como autores del delito de peculado.
La entidad pidió a los jueces Iván León, Lauro de la Cadena y José Layedra que impongan una condena de ocho años de cárcel.
En cambio, para los otros ocho implicados solicitó que sean sentenciados como cómplices y que cumplan una pena de cuatro años de cárcel.
En la diligencia, que se desarrolló en la Corte Nacional, el fiscal subrogante, Wilson Toainga, presentó al Tribunal 20 argumentos finales para sustentar su acusación.
El funcionario aseguró, por ejemplo, que los imputados participaron de la adjudicación irregular de un campo petrolero en Sucumbíos, que ocasionó un perjuicio para el Estado de USD 28,4 millones.
Las investigaciones demostraron que los procesados precautelaron el interés particular sobre el interés estatal. “Nunca buscaron una negociación justa y ajustada a la realidad del campo Singue, sino que articularon todas sus actuaciones para lograr un beneficio propio y de terceros”, indicó el fiscal.
Él añadió que la tarifa de USD 33,50 por cada barril de crudo se fijó de forma incorrecta, pues no se negoció tomando en cuenta el 100% de las reservas petroleras de ese campo.
Además explicó que los integrantes del comité de licitación y del equipo negociador conocían estudios técnicos que señalaban que la tarifa habría sido menor si se negociaba en base a todas las reservas.
“Con la información anticipada de la tarifa, los procesados Jorge Glas y Carlos Pareja Yannuzzelli tuvieron la potestad de descalificar a la empresa que obtuvo el contrato, pero no lo hicieron”, añadió Toainga.
En cambio, los abogados de los procesados indicaron que la explotación de Singue provocó un beneficio para el Estado de USD 500 millones y además que la tarifa que se pagó a la contratista fue de USD 27,50 y no de USD 33,50.
Otro argumento de los abogados fue que el organismo que emitió el estudio, donde se establece que en ese campo había más reservas de petróleo, no cumplía con normativas internacionales y no podía ser usado para una licitación.