25 de diciembre de 2019 12:26

Fiscalía 'analiza acciones legales' tras la revocatoria de la prisión preventiva a favor de Pabón, Hernández y González

Pabón, Hernández, González y una cuarta persona son investigados por el presunto delito de rebelión. El 14 de octubre pasado, la Prefecta fue capturada por agentes que allanaran su domicilio en Quito, por un pedido de la Fiscalía. El 5 de noviembre pasado

Pabón, Hernández, González son investigados por el presunto delito de rebelión. El 14 de octubre pasado, la Prefecta fue capturada por agentes que allanaran su domicilio en Quito, por un pedido de la Fiscalía. El 5 de noviembre pasado, el juez Julio Arrieta acogió el planteamiento de la Fiscalía, y vinculó a Hernández al caso penal. En la foto, los tres llegaron a la Secretaría de Derechos Humanos para colocarse el guillete electrónico. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

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Diego Puente

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La Fiscalía reaccionó a la decisión de la jueza subrogante de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Patlova Guerra. La entidad envió un comunicado de prensa la mañana del 25 de diciembre del 2019. En el documento señala que analizará las acciones legales tras la revocatoria de la prisión preventiva en a favor de la prefecta, Paola Pabón, del exlegislador Virgilio Hernández y del activista Christian González.

Según la Fiscalía, la revocatoria se dio pese a que se expusieron elementos de convicción que demostrarían que los procesados habrían participado en un “presunto desconocimiento de la Constitución e intento de derrocar al Gobierno”. Además, defiende su pedido de prisión preventiva en contra de los investigados “porque las otras medidas cautelares resultan insuficientes”.

Por este motivo, “analizará las acciones legales que tomará en atención a lo dispuesto en el tipo penal del Art. 268 del Código Orgánico Integral Penal, que sanciona el delito de prevaricato”.


El articulado al que hace referencia la Fiscalía sanciona con hasta cinco años de cárcel a los jueces que fallen contra ley expresa, en perjuicio de una de las partes. También incurre en esta conducta el juzgador que tome una decisión en contra de la ley “haciendo lo que prohíbe o dejando de hacer lo que manda”.

Pabón, Hernández, González y una cuarta persona son investigados por el presunto delito de rebelión. El 14 de octubre pasado, la Prefecta fue capturada por agentes que allanaran su domicilio en Quito, por un pedido de la Fiscalía. El 5 de noviembre pasado, el juez Julio Arrieta acogió el planteamiento de la Fiscalía, y vinculó a Hernández al caso penal.

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