Miembros de la Policía ingresaron con personal de la Fiscalía para investigar las supuestas irregularidades en el Rectorado de la Universidad de Guayaquil, este 3 de septiembre del 2018. Foto: Enrique Pesantes/ EL COMERCIO
El fiscal Washington Suárez cumplió con una orden de allanamiento en la Universidad de Guayaquil, la mañana de este lunes 3 de septiembre del 2018. La diligencia se relaciona con una denuncia presentada el pasado viernes 31 de agosto por integrantes de la Comisión Anticorrupción de Guayas por presunta usurpación de funciones en contra del rector Galo Salcedo. Esta además incluyó un pedido de acto urgente.
“Es la recopilación de información, específicamente, un acta de asamblea que se ha dado en fechas anteriores”, dijo brevemente el fiscal al salir del Rectorado. El edificio estuvo rodeado por agentes policiales y por la seguridad privada de la universidad.
Los reclamos se originan en la resolución de la Contraloría General del Estado, que dispuso la destitución del rector Salcedo y del vicerrector de Formación Académica y Profesional, Fernando Sandoya, tras detectar irregularidades en la emisión de 28 títulos de abogados en 2016.
El organismo dio a las autoridades 60 días de plazo para apelar. Salcedo anunció que se defenderá mientras continúa en el cargo.
Camilo Morán, docente de la Facultad de Ciencias Médicas y miembro de la Comisión Anticorrupción, insiste en que el rector tiene derecho al recurso de revisión, pero fuera del cargo. Esta mañana acudió al allanamiento junto a un grupo que pide la salida de Salcedo.
El procurador de la Universidad de Guayaquil, Rommel Martínez, recalcó que el pedido de destitución de la Contraloría no se ejecuta mientras no se cumpla el plazo para la apelación. Y reiteró que en esta semana Salcedo presentará el recurso de revisión, así como un proceso por la vía de lo Contencioso Administrativo.
Esta mañana la Policía tomó información relacionada con convocatorias al Consejo Universitario, algunos audios y un CPU.
El pasado viernes, Salcedo convocó a una sesión extraordinaria de Consejo Universitario. En el orden del día, el primer punto era su pedido de vacaciones y subrogación del cargo. Pero no se instaló por falta de quórum.
En esta semana también se cumple el plazo que dio el Consejo de Educación Superior (CES) al Consejo Universitario para “informar sobre el irrestricto cumplimiento de la resolución de la Contraloría”. La Universidad tiene cinco días.
El pleno del CES resolvió además exhortar al Órgano Colegiado Académico Superior que actúe acorde a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), así como a sus estatutos en lo referente a la subrogación de cargos directivos.