16 de agosto de 2018 14:12

Fiscalía determinará acción legal contra familia implicada en agresión a guardias de seguridad en Guayaquil

El fiscal César Peña recibió la mañana de jueves 16 de agosto de 2018 a los abogados de los guardias y de la familia agredida en una urbanización privada. Foto: EL COMERCIO

El fiscal César Peña recibió la mañana de jueves 16 de agosto de 2018 a los abogados de los guardias y de la familia agredida en una urbanización privada. Foto: EL COMERCIO

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Redacción Guayaquil

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Este jueves 16 de agosto de 2018, a las 8:30, la familia implicada en la agresión a dos guardias de seguridad debía presentarse a rendir su versión.

Sin embargo, por segunda ocasión no acudieron a la Fiscalía del Guayas. En su lugar lo hizo su abogado defensor Pedro Buitrón, quien alegó que sus clientes no se presentarán “hasta que no existan las garantías solicitadas y se respete el debido proceso”.

Los tres integrantes de la familia son investigados luego de aparecer registrados en un vídeo donde se evidencia la agresión contra dos guardias de seguridad de una urbanización privada, en el norte de Guayaquil.

Ellos están fuera del país. Su salida quedó registrada la noche del 8 de agosto.
Será el fiscal César Peña quien tendrá que determinar qué acciones se tomarán contra los implicados. Entre las opciones está un tercer llamado voluntario o la formulación de cargos por el delito de tentativa de homicidio.

Stives Reyes abogado defensor de los guardias manifestó que esperarán la decisión de la autoridad competente. Según él pedirán medidas cautelares para que la familia implicada se presente. “Nosotros no queremos prisión preventiva. Lo que deseamos es que ellos vengan y nos expliquen qué ocurrió el domingo 5 de agosto”, comentó.

Los policías que atendieron el caso llegaron aproximadamente a las 09:00 a la entidad pública. En sus versiones, según contó Peña, declararon que los guardias jamás llegaron en calidad de detenidos a la Unidad de Flagrancia.

Lo que sí se va a investigar, recalcó el fiscal, es el motivo por el cual los uniformados no fueron hasta un juzgado de contravenciones a presentar el caso.

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