21 de octubre de 2020 00:00

Fiscales no pidieron protección a niños en 1 870 procesos por delitos sexuales

Personal de Fiscalía revisa expedientes, como parte de la evaluación a los agentes. Foto: Judicatura

Personal de Fiscalía revisa expedientes, como parte de la evaluación a los agentes. Foto: Judicatura

valore
Descrición
Indignado 984
Triste 4
Indiferente 0
Sorprendido 21
Contento 0
Ana Belén Rosero
Redactora (I)

David tenía apenas cinco años cuando su primo abusó sexualmente de él. Su madre Marcia denunció el hecho el 14 de abril del 2019. Esa fecha no se borra de su mente, pues dice que ese día la vida de toda su familia cambió.

La mujer recuerda que fueron meses difíciles. A diario, ella recibía llamadas y mensajes de texto con amenazas. El agresor de su hijo la insultaba y le pedía que retire la denuncia. “Me decía que si seguía con el proceso le iba hacer daño a mi hijo”, recordó ayer.

Ella dice que todas esas amenazas las comunicó al fiscal del caso, pero el investigador nunca solicitó una medida de protección para ellos.

Lo mismo ocurrió con la hija de Paula, una adolescente de 14 años que fue agredida sexualmente por su padrastro en noviembre del año pasado.

El fiscal del caso tampoco pidió protección para la joven y su familia, pese a que existían reportes de que el sospechoso merodeaba constantemente la casa de la víctima. La madre de la menor recuerda que su hija no podía dormir por miedo a que el hombre estuviera cerca.

Pero los casos de David y de Paula no son aislados. La Judicatura tiene en su poder 1 870 expedientes por delitos sexuales en contra de menores, en donde los fiscales no solicitaron medidas de protección para las víctimas y sus familias.

El hallazgo de estas presuntas irregularidades se dio durante el proceso de evaluación a los fiscales del país, que está en marcha desde el pasado 28 de septiembre.

Desde ese día, un equipo de la Fiscalía recorre cada una de las direcciones fiscales a escala nacional y revisa todas las causas judiciales que se abrieron desde el 2016 hasta el 2019. Precisamente, en esos procesos se encontraron los presuntos errores con los casos de menores.

Ahora, esos agentes son identificados y serán indagados por sus acciones y podrían ser separados de sus cargos.

Sybel Martínez, representante del Consejo de Protección de Derechos de Quito, también confirma que es “un problema recurrente” que los fiscales no pidan medidas de protección para estos grupos vulnerables.

Para ella, la evaluación de los fiscales no solo está develando el incumplimiento del trabajo de los agentes, sino también la falta de una formación acorde con la protección de las víctimas. “Les falta capacitación sobre los derechos que tienen los niños y adolescentes”, dice.

Pero la falta de protección también afecta en la recuperación de los menores. Eso precisamente fue lo que ocurrió con Paula. “Mi hija tenía miedo de salir sola y encontrarse con él, por eso permaneció con tratamiento psicológico privado tres meses” relato.

La ayuda psicológica es una de las 11 medidas de protección que establece el Código Integral Penal (art. 558). Entre los otros beneficios legales que menciona esta norma está la prohibición del sospechoso de acercarse o intimidar a la víctima y a sus familias.

Además, se establece la extensión de una boleta de auxilio o la orden de salida del presunto agresor de la vivienda cuando “la convivencia implica un riesgo físico, psicológico o sexual para la víctima.

Según la ley, el fiscal debe solicitar estas medidas, luego de conocer la denuncia.

Pero eso tampoco se hizo en el caso de Ronald, un pequeño de cinco años. Uno de sus maestros laceró sus partes íntimas en el 2018. El niño tuvo que dejar la escuela porque el fiscal nunca pidió que el docente sea separado de la institución educativa.

Lo mismo ocurrió con una niña de 10 años. La familia de la menor tuvo que cambiar de domicilio, porque el agresor era un vecino. El hecho ocurrió en diciembre del 2018, en Guayaquil.

Pero la Judicatura dice que ha encontrado más fallas. Hay causas en las que se vencieron los plazos para formular cargos, hay expedientes en los que no se han realizado diligencias e incluso hay procesos en los que aún no se abrieron investigaciones previas.

En contexto

La evaluación a fiscales del país comenzó el 28 de septiembre pasado. El Consejo de la Judicatura ha indicado que la última evaluación a los agentes se realizó en el 2013. La idea de este proceso es valorar el desempeño y productividad de estos funcionarios.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (3)
No (0)