En diciembre, la Policía allanó la Federación Ecuatoriana de Fútbol, en Guayaquil. Foto: Enrique Pesantes/El Comercio
La lista de los cargos judicialeses larga: lavado de dinero, crimen organizado, conspiración, reparto de sobornos, fraudes, enriquecimiento ilegal…
Detrás de estos presuntos actos hay 68 nombres que son investigados en Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Perú y Ecuador. Los fiscales que llevan adelante los casos se reunirán mañana desde las 09:00, en la ciudad de Guayaquil.
El motivo: intercambiar información y aportar con evidencias a sus indagaciones.
Cada caso se inició luego del escándalo conocido como FIFAgate, que estalló en mayo pasado. Esta investigación es impulsada por la Fiscalía de Nueva York, en Estados Unidos, quien detalla una red de supuestas coimas, lavado y fraudes sobre la atribución de derechos televisivos y de mercadotecnia y de patrocinio para torneos y copas organizadas por este ente deportivo.
La cita de mañana fue una propuesta del fiscal general, Galo Chiriboga, quien asistirá junto a Diana Salazar, fiscal del caso Ecuafútbol. La funcionaria detalló a EL COMERCIO que si considera útil los datos obtenidos por alguno de los colegas “se los solicitará a través de la Asistencia Penal Internacional”.
De esta forma espera fortalecer el proceso que lleva por un supuesto lavado de activos.
Luis Chiriboga, Francisco Acosta y Vinicio Luna, dirigentes suspendidos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, recibieron cargos judiciales por ese delito. Esto ocurrió el 5 de diciembre del año pasado.
Los dos primeros cumplen arresto domiciliario y Luna está detenido en la cárcel 4, en el norte de Quito.
El primero de los fiscales en llegar a Guayaquil fue Carlos Gonella, de la oficina de Criminalidad Económica y Lavado de Activos de la Procuraduría General de Argentina.
Tres directivos de tres empresas, que son las mayores productoras y comercializadoras de eventos deportivos de América Latina, son investigados en su país. Según la indagaciones que lleva adelante la justicia estadounidense, ellos obtuvieron los derechos exclusivos para transmitir campeonatos de fútbol mediante el pago de supuestos sobornos a dirigentes de las federaciones de fútbol sudamericano.
Otro fiscal que también asiste es el paraguayo Hernán Galeano, de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo.
El pasado 7 de enero lideró un allanamiento a las oficinas de la Conmebol. Esta diligencia duró 10 horas. Ese día extrajo de esa sede, documentos como contratos de marketing de la Copa Libertadores y la Copa América suscritos desde 1991 en adelante.
Se trató de un pedido por parte de la Fiscalía estadounidense, quien acusa a dos funcionarios deportivos de su país un presunto fraude electrónico, conspiración y viaje interestatal en el extranjero.
En el caso ecuatoriano, el proceso se encuentra en instrucción fiscal, que es una etapa para investigación, y su plazo vence en tres semanas, el 5 de marzo, aunque la indagación previa, que es una etapa reservada, fue abierta desde el 5 de junio del 2015.
Hasta ahora, en esos ocho meses, la fiscal Salazar ha incluido en el expediente informes elaborados por la Unidad de Análisis Financiero (UAF). En estos documentos, se analizan, por ejemplo, los movimientos bancarios, declaraciones de impuestos y propiedades, transferencias electrónicas de dinero, etc., de los sospechosos.
En Perú, la investigación contra Manuel Burga, expresidente de la Federación de Fútbol de ese país, también se basa en informes bancarios y supuestas relaciones con una empresa de habría acordado con la Conmebol la venta de los derechos de marketing de las siguientes cuatro copas América. Así lo afirma la Fiscalía de EE.UU.
Además de un ‘bono’ por varios millones de dólares para ser supuestamente repartidos entre los 10 directivos de la Conmebol.
Tania Liñán, fiscal en Delitos de Lavado de Perú, que asiste mañana, trae datos y testimonios del supuesto entramado.