4 de septiembre de 2020 16:18

Fiscal arma rompecabezas sobre compra y venta fármacos durante emergencia sanitaria 

El hospital en donde está internado Oren Sheinman está custodiado por agentes de la Policía. Foto: EL COMERCIO

El hospital en donde está internado Oren Sheinman está custodiado por agentes de la Policía. Foto: EL COMERCIO

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Diego Puente

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Oren Sheinman aún está hospitalizado. Desde la habitación de un hospital de Guayaquil, el israelí que mencionó a Jacobo Bucaram en un proceso de compra-venta de medicinas en la emergencia, planifica su defensa por las imputaciones penales. Sobre él pesa una condena de 20 meses por uso doloso de documento falso y está llamado a juicio por enriquecimiento privado no justificado.

Con base en el Código Penal (art. 727) y el Tratado de Estrasburgo, la defensa alista escritos para que la sentencia la pague en Israel, su país natal, pues dice que aquí corre peligro.

Su compañero fue asesinado el 8 de junio en la Penitenciaría del Litoral. Allí estaban ambos recluidos, luego de que el 2 de junio fueran detenidos y en posesión de USD 312 000.

La hipótesis de la Fiscalía sobre el supuesto enriquecimiento ilegal está respaldada en certificaciones de las superintendencias de Bancos y de Compañías, en el Registro de la Propiedad y en un informe
de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

Esos documentos están ahora en poder de Vicente Guillén, juez de Garantías Penales.

Los investigadores también tienen bajo cadena de custodia dos vehículos de alta gama y dinero en efectivo.

La información extraída del celular del extranjero es ‘clave’. Allí reposan datos de cómo los israelíes ofertaban los insumos. La Fiscalía dice que los datos son un “aporte para otros procesos penales que están en curso, como asociación ilícita y delincuencia organizada”.

Las unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y la Fiscalía Especializada en Delitos Transnacionales (Fedoti) rastrean estos delitos.



Gabriela Pazmiño entregó su versión

En ambos expedientes son investigados el expresidente Abdalá Bucaram, sus hijos y su nuera Gabriela Pazmiño.

De forma virtual, Pazmiño entregó su versión el lunes. Lo hizo desde EE.UU.

Según su abogado, Francisco Onofa, su clienta ha tenido contacto con algunos de los procesados por asociación ilícita, pero solo por asuntos sociales. En cambio, a Karina Cadena, detenida la semana anterior, la conoció al inicio de su carrera como modelo.

Dentro de la investigación, la Fiscalía señala que Pazmiño ha mantenido ingresos de USD 1,2 millones y no ha justificado USD 172 807. Registra salida de divisas a Panamá, Holanda y Estados Unidos. Su abogado sostiene que ese dinero es producto de cerca de seis años de trabajo de su clienta como presentadora de televisión y como imagen para productos de comercio masivo. “Todo está facturado”.

Dalo Bucaram junto a su esposa Gabriela Pazmiño durante una reunión. El excandidato presidencia anunció el fallecimiento de su suegra. Foto: Tomada de la cuenta Instagram gabrielapazminop

La exasambleísta Gabriela Pazmiño junto a su esposo Dalo Bucaram, excandidato presidencial. Foto: Instagram gabrielapazminop

Para conocer sus ingresos, la defensa pidió una certificación a los canales de televisión en los que trabajó Pazmiño.

Fiscalía rastrea también la relación que tenían ella y su esposo con Jorge Henríquez, exjefe de compras públicas en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, en Guayaquil.

Allí, él habría entregado cerca de USD 5 millones en compra de medicamentos e insumos por convenios de pago.

Las indagaciones determinaron que Henríquez fue legislador alterno de Pazmiño. Con base en certificaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de la Asamblea, la defensa indica que el alterno era otra persona.

En su versión, Gabriela Pazmiño negó tener amistad con Daniel Salcedo, detenido y principal sospechoso en la venta de insumos a hospitales. Su esposo Dalo Bucaram, en cambio, reconoció a inicios de junio ser amigo del ahora inculpado y detenido en una cárcel de Quito.

Sobre Salcedo se supo que HDC Producciones, una de sus empresas, firmó un contrato con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) para la gestión de comunicación interna,en agosto del 2018.

CNT envió un comunicado en el que aceptó ese acuerdo. Indicó que se acataron los procesos determinados por la Ley de Contratación Pública. Dijo que invitó a tres empresas que “cumplían con la experiencia y requerimientos ­legales” y que solo HDC pre­sentó una oferta.

En abril del 2020 se liquidó el contrato vigente, tras el estallido de los escándalos de corrupción en los que está procesado Salcedo. CNT aclara que aunque el monto del contrato era de USD 1,9 millones solo se pagaron USD 498 886. “El valor no ejecutado del contrato es de USD 1,2 millones”.

El 21 de agosto, la Contraloría inició un examen para conocer los procesos precontractuales, contractuales, de ejecución y liquidación de los contratos que CNT mantuvo con HDC Producciones.

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