22 de septiembre de 2018 00:00

Fiscalía menciona a Rafael Correa por el plagio de Fernando Balda

El abogado de Correa, Caupolicán Ochoa (centro), llegó este viernes, 21 de septiembre del 2018, a la audiencia en la Corte. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

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Redacción Seguridad

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El secuestro del exasambleísta Fernando Balda, en agosto del 2012, no fue un hecho aislado. Para el fiscal General encargado, Paúl Pérez, el acto ilícito se cometió en un contexto donde la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) “se había convertido en una policía política”. Y en la que existía “incidencia directa del expresidente Rafael Correa” en las operaciones que se realizaban, sobre todo de vigilancias ilegales contra opositores.

Así lo explicó ayer (viernes 21 de septiembre del 2018) Pérez, durante la audiencia en la que se analizó el procedimiento abreviado (juicio corto) en contra de los agentes de Inteligencia Raúl Chicaiza y Diana Falcón, señalados por este plagio.

El Fiscal pidió que la jueza Daniella Camacho imponga una pena de 12 meses de cárcel para ambos agentes. Además, solicitó que paguen una indemnización para la víctima y que cubran los gastos incurridos en la elaboración de tres pericias: USD 15 202.

Pero luego de seis horas debate, la jueza Camacho rechazó el juicio abreviado. La razón fue que la solicitud de la Fiscalía, de un año de cárcel para ambos, violaba el Código Integral Penal, sobre el mínimo de la pena que les corresponde: en este caso de 24 meses.

La condena propuesta por la Fiscalía fue uno de los puntos más controvertidos en la audiencia. Esto ocurrió porque el delito de asociación ilícita con fines de plagio, por el que están procesados los dos policías, tiene sanciones que van de los seis y hasta nueve años de prisión, según el
Código Penal vigente a la época en que ocurrieron los hechos.

Para el fiscal Pérez, los 12 meses de cárcel sí debían aplicarse ya que los dos agentes habían cooperado con datos relevantes en la investigación y aceptaron su responsabilidad en los hechos. “No existe nada en el COIP (Código Penal), que impida que se apliquen esto”. Sin embargo, la jueza consideró que los beneficios de la cooperación eficaz se deben aplicar durante la audiencia de juicio y ante un Tribunal penal. “No cabe en este momento aplicar ese beneficio”, advirtió.

Esto pese a que Balda, a través de su abogado, Felipe Rodríguez, ya había aceptado el tiempo de condena para los agentes que organizaron su secuestro y solicitado que se le pague USD 1 como indemnización. Además que en la audiencia pidan disculpas públicas a él, a la Policía y al país.

Luego explicó que su pedido era simbólico, que lo hacía para demostrar que los había perdonado y que su propósito es evidenciar que hubo un aparato de persecución en el gobierno de Correa, “que nunca más debe repetirse”.

A las 20:00, tras escuchar todos los argumentos, la jueza dio por finalizada la audiencia de procedimiento directo e instaló la audiencia preparatoria de juicio para Chicaiza, Falcón, Correa y el exjefe de Inteligencia, Pablo Romero.

El siguiente punto de la diligencia fue escuchar los pronunciamientos de los abogados sobre las posibles nulidades del proceso.

Hasta ese momento, la Fiscalía ya había presentado una parte de las evidencias y explicado su tesis: que los agentes “no tenían poder de decisión”, sino que seguían órdenes superiores. “La cadena de mando iniciaba con el expresidente Rafael Correa y seguía con Romero”, sostuvo Pérez.

Entre las evidencias contra los dos policías, la Fiscalía resaltó los documentos de la Senain, descalificados en junio de este año. En la documentación constan los informes del trabajo realizado por Chicaiza sobre las operaciones Wilson y Guayacán, nombres con los que se identificó al secuestro.

Por otro lado, el general Fausto Tamayo, exdirector de Inteligencia, y el policía Jorge Espinoza, también investigados, fueron sobreseídos.

En medio de estos hechos, ayer el presidente Lenín Moreno firmó el Decreto 526 y suprimió oficialmente la Senain.

En su lugar se creará el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), como ente rector del Sistema Nacional de Inteligencia. Esta será una entidad de derecho público.

En contexto

Fernando Balda fue secuestrado en el 2012, en Bogotá, por cinco personas a las que había contratado Raúl Chicaiza y pagado con fondos de gastos reservados del Estado, para evitar ser rastreado. Sin embargo, el secuestro fue frustrado.

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