1 de August de 2009 00:00

El Fiscal indaga presuntos delitos en los contratos de emergencia

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La Fiscalía del Estado abrió una indagación previa para determinar presuntas irregularidades cometidas en 643 contratos considerados emergentes en Salud, Obras Públicas y Energía.
 


Más  anomalías
Las emergencias  quedaron en entredicho por las  demoras. Un caso  es el  contrato al Consorcio Manavial,  por la vía San Antonio-La Margarita-San Vicente. Esta debía terminar este octubre, pero el avance es de apenas del 11%.
Un caso particular  es la contratación del Consorcio Bellavista para la rehabilitación de la vía Chillanes-Bucay. La firma, según la resolución Nº   05-G-IJ-006300 de 2005, de la Superintendencia de Compañías, está inactiva desde ese año y a pesar de ello el MTOP firmó el contrato el 25 de julio del año pasado.
También hubo retrasos  en la entrega de garantías. El contrato de Carlos Morocho, por la rehabilitación de la vía Palestina- Vinces se firmó el 22 de enero de 2008 y la garantía   se entregó el 5 de noviembre,   nueve meses después. El consultor  Antonio López dijo  que las garantías son el respaldo que tiene el Estado para el cumplimiento de los trabajos.   

Las presuntas anomalías en estos tres sectores fueron denunciadas por EL COMERCIO en una serie de investigación  publicada desde el domingo pasado. 

En esas publicaciones se evidenció que  el Gobierno asignó  USD 2 886 millones para obras en carreteras, contratos petroleros y de salud pública. De este monto, USD 2 100 millones se invirtieron en  86 contratos desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas,  299 millones en 500 contratos desde Salud y 487 millones en 57 convenios desde Petroproducción.

De las informaciones obtenidas se desprende que existen anomalías -dice la Fiscalía- que no justifican  la contratación con carácter de  emergente. Paralelamente se iniciaron sendas indagaciones para determinar presuntas irregularidades en la compra de 115
ambulancias por parte del Ministerio de Salud Pública, y de la adquisición del medicamento Tamiflu.

Con este antecedente, el fiscal subrogante, Alfredo Alvear inició la indagación previa para determinar si existió  una infracción penal,  así como sus presuntos autores, cómplices o encubridores, para lo cual se ha dispuesto se practiquen diversas diligencias. Una de ellas  es la recepción de la versión libre y sin juramento del ex subsecretario de Obras Públicas, Rafael Pezo Zúñiga.

Las irregularidades detectadas dejan al descubierto las fallas en la contratación a dedo, sin un sistema de concurso público. 
Uno de los campos más críticos es el de la vialidad.

Los decretos de emergencia firmados por el ex ministro de Transporte y Obras Públicas, Jorge Marún, justificaron la contratación de varias empresas sin licitaciones para agilitar la adjudicación de obras. Sin embargo, al hacer contrataciones directas, se escogieron firmas sin verificar su capacidad real, por lo que más del 60% tiene retrasos.

Una de las irregularidades encontradas en la adjudicación de contratos por adhesión fue el objeto social con el que se constituyeron varias de estas compañías, como Consermin, Odirisio,  y la fiscalizadora Compucable.

Según el artículo 261 de la Ley de Contratación Pública, realizar actividades ajenas a su objeto significará la violación de las obligaciones de la administración.

Según Marún, las firmas se escogieron por su experiencia en construcciones y porque se encontraban cerca a los sitios donde debían ejecutarse las obras.

Otro problema es la razón argumentada para decretar las emergencias, que según la Ley debe estar relacionada con un hecho completamente inesperado, como un desastre. No obstante se esgrimieron otros justificativos. 

En Salud, mientras tanto, se detectaron presuntas anomalías en la adquisición de  150 000 tratamientos de Tamiflu (USD 2 400 000), 115 ambulancias (USD 3 900 000) y 5 000 sillas de ruedas (USD 1 084 000). En el primer caso se reveló que la Secretaría de Estado compró el medicamento contra la gripe AH1N1 sin observar condiciones y que se escogió la propuesta más alta económicamente. Mientras la farmacéutica hindú Cipla ofertó a USD 13,50 la caja de 10 cápsulas de Oseltamivir (genérico de Tamiflu), Salud pagó USD 16 a Roche.
 
Sobre la compra de 115 ambulancias, se informó que Salud firmó un contrato con  Euromedical, que adquirió furgonetas a Kia Motors. Para convertirlas en ambulancias, Euromedical envió los automotores a la empresa Capaba, en Ambato. Luego de semanas de operar, las furgonetas presentaron daños en las camillas, en las ruedas, en los pisos.  

En el campo petrolero, 20 de 57 contratos se firmaron a dedo.  Esos contratos representan una  inversión de USD 487 millones, de un total de  USD 732. La adjudicación directa se respaldó en el Decreto del 29 de noviembre de 2007. El instructivo que regula esta norma aclara que la emergencia se refiere a “la situación de apremio suscitada por peligros inminentes, daños o catástrofes”.

Pero los 20 contratos hacen referencia a perforación de pozos, provisión eléctrica, renovación de oleoductos… Es decir son proyectos que han estado en carpeta de la filial por años.

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